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Por un nuevo plan del Carbón

Para defender el empleo, nacionalizar la minería privada

Para mantener las minas, exigir compra de carbón autóctono a las eléctricas

Los mineros no aceptan que se incumpla el Plan de la Minería. Así lo mostraron en cientos de cortes de carretera, en una huelga general con una respuesta de casi el 100% en las cuencas, y con una enorme manifestación a Madrid. De mantenerse los actuales planes del gobierno, las minas estarán abocadas al cierre en 2014.

Mientras, en el puerto de El Musel se acumulan 100.000 toneladas de carbón colombiano, propiedad de Goldman Sachs. Una empresa que gana miles de millones de € especulando con el precio del carbón, obtenido en unas minas donde no existen derechos laborales ni sindicales y donde muchos trabajadores no están cubiertos por un seguro médico. Un carbón con conlleva el despilfarro de CO2 al ser transportado en barco desde Sudáfrica o Colombia. Que irá a parar a las térmicas como HC, que siguiendo la ley del máximo beneficio, sólo piensan en el precio de la tonelada sin importarles el CO2 o la salud de los mineros. El cierre de las minas manda a miles de trabajadores al paro o la miseria, pero enriquece a los especuladores de Goldman Sachs y accionistas de EON o Hidroeléctrica.

Entre Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa ganaron en 2011 6.342 millones de euros tras impuestos, que repartirán entre accionistas., Si el carbón es una reserva estratégica nacional las eléctricas deberían estar obligadas a comprar el carbón autóctono, disminuyendo sus beneficios. Es la manera de proteger el empleo de las comarcas mineras, de las que dependen en todo el estado unas 20.000 familias de manera indirecta. Al fin y al cabo, las eléctricas como ENDESA eran rentables cuando se privatizaron. Y hoy tenemos la tarifa de la luz más cara que nunca.

Los trabajadores de la minería privada están notando en sus carnes más que nadie el inminente cierre. Vitorino Alonso está haciendo recaer sobre ellos las dificultades, que ni él ni los empresarios de Carbounión vivirán. Para que el sector se mantenga unido y no vaya desapareciendo poco a poco la lucha de la clase obrera y el conjunto la sociedad asturiana es imprescindible. Con el fin de lograr que se nacionalice la minería privada.

En los últimos 20 años se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo en las cuencas. La lucha de los trabajadores y de la gente logró arrancar fondos mineros para paliar la dramática situación. Aunque en vez de crear empresas públicas sólidas que hoy pudiesen ser una fuente de creación de trabajo, se repartieron en gran parte a empresarios caza-fondos.

Mantener el futuro de la minería, con un nuevo Plan General de la Minería del carbón, que garantice la viabilidad hasta 2018 y más allá, es prioritario. Al fin y al cabo es una cuestión de prioridades. ¿Cómo pueden decir que no hay dinero para mantener las minas si permiten que las grandes empresas tengan más de 47.000 millones en paraísos fiscales o que los defraudadores paguen un 10% sobre sus fortunas?

Por un nuevo Plan del Carbón

¡Que paguen los multimillonarios y especuladores!

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El PCA ante la manifestación por el futuro de la minería

MANIFESTACIÓN 17 DE ABRIL: MANIFESTACIÓN POR EL FUTURO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN”

El Partido Comunista de Asturias quiere mostrar su respaldo, apoyo y participación en la Manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT del día 17 de abril en Mieres (19:00 hs. Salida Campus de Barredo) en defensa del futuro de la Minería del Carbón.

El PCA llama a todas/as las/os ciudadanas/os, a sus militantes y simpatizantes a participar en esta gran manifestación, a salir a la calle en apoyo a las/os trabajadora/es de la minería y a defender el futuro de las comarcas mineras

Ante el desmantelamiento del sector de la minería por parte del Gobierno del PP, el PCA exige:

1.      Al Gobierno del PP el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos y firmados en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y  un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas Mineras, en todos sus parámetros: producción, empleo, recolocaciones y reactivación en sus diferentes ejes de influencia: proyectos empresariales, proyectos de infraestructuras y formación.

2.      Un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013-2018, negociado con los Sindicatos y la Patronal del sector, con garantía de continuidad de la actividad a partir del 2018, que concrete proyectos viables, reales y de neta  creación de empleo.

3.      El mantenimiento de las primas de consumo de carbón nacional más allá del año 2014, rescatando, desde lo público el  sector energético que de forma in-solidaria y atendiendo sólo al interés economicista particular, opta por la utilización de carbones  foráneos, extraídos en algunos países en condiciones infrahumanas, en la producción termoeléctricas.

4.  El mantenimiento de la actividad minera, en condiciones que garanticen el sostenimiento de una reserva estratégica de carbón de titularidad pública sometida a los intereses generales del Estado, que prime el mantenimiento y estabilidad de la minería, de los mineros y de los ciudadanos/as de las comarcas mineras; reserva explotada en unas condiciones dignas y saludables para todos los trabajadores.

Oviedo, 16 de abril de 2013.

Gabinete de Comunicación del PCA.

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Resolución del PCA en Mieres: ante el porvenir Emutsa

Ante el porvenir de Emutsa:

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo de 2011, el Interventor Municipal del Ayuntamiento de Mieres recibió el encargo de realizar un informe de la situación económica y financiera del consistorio a petición del candidato electo Aníbal Vázquez Fernández.

Según dicho informe, a fecha de 30 de junio del citado año, el déficit municipal ascendía a unos seis (6) millones de euros, en tanto el montante de las deudas se elevaba a unos trece (13), de los que casi diez (10) procedían de facturas cuyos plazos legales de pago ya habían vencido.

Ante una situación tan grave como suponía ello para una corporación cuyo presupuesto anual no supera los 39 millones de euros, el gobierno local decidió acogerse al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, más conocido como “Decreto de pago a proveedores“, aprobando a tal efecto, en fecha del 30 de marzo del año mencionado, el preceptivo Plan de Viabilidad.
En dicho Plan se incluían las primeras medidas de ahorro para la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa), cuyo déficit en el año 2012 sumó, a pesar suyo, unos novecientos mil (900 mil) euros, constituyendo de ese modo una de las más gravosas fuentes de endeudamiento para una hacienda local cuya asignación presupuestaria para tal servicio y año se redujo en aproximadamente un tercio, quedándose en tan solo unos seiscientos cuarenta mil (640 mil).

Entre las medidas de ajuste puestas en marcha, de conformidad con el Plan de Viabilidad a cuyo cumplimiento condicionó el estado su ayuda financiera, se incluyeron una reducción salarial de hasta el 21%, en el caso de los conductores de autobús; un incremento de las tarifas de entre un 11 y un 18%; y una reorganización de las líneas cubiertas por la compañía.

Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril, la subvención estatal para el mantenimiento del transporte urbano mierense pasó de ciento cuarenta y cinco mil (145 mil) euros a noventa y cinco mil (95 mil); y ello mientras se producía una disminución del número de viajeros superior en un 50% a la prevista en el Plan de Empresa (hasta un 25% en los últimos tres años, en lugar del 16% estimado).

La persistencia y agudización de una crisis económica que ha reducido las necesidades de desplazamiento de los habitantes del concejo por razones laborales, comerciales o lúdicas han determinado una caída de ingresos de una magnitud tal que ha hecho insuficientes los duros recortes antes expuestos; sometiendo a la sociedad, según declaraba el pasado marzo su presidenta y Concejala de Transportes, Olga Álvarez, al riesgo de incurrir en suspensión de pagos en tan solo unos meses; y aun desaparecer definitivamente para finales de este mismo año de no encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Se acogería para ello el Consistorio al artículo vigésimo sexto (26º) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la cual solo los municipios de más de cincuenta mil (50 mil) habitantes tendrían el deber de prestar el servicio de “transporte urbano colectivo de viajeros”, condición ésta en que Mieres dejó de estar desde finales de los años noventa, para no dejar de alejarse de ella hasta sus actuales cuarenta y dos mil (42 mil) vecinos censados.

Lejos quedan ya los setenta mil (70 mil) habitantes de principios de los años sesenta, como también los ciento diez (110) trabajadores que, en el año en que comenzó dicha década, llegaría a emplear Emutsa como máxima plantilla en toda su casi sexagenaria historia, tras tan solo cuatro años desde una fundación en que contó con treinta y nueve (39) empleados. Como bien lejos queda también la frenética actividad minero-siderúrgica cuyo declive, acompasado al de la población, y del que el devenir de la propia Empresa Municipal de Transportes es fiel reflejo, comenzaría precisamente por aquellos años.

Sometido el Ayuntamiento mierense, como consecuencia de su calamitosa situación económica, a las restricciones financieras y presupuestarias de un decreto que llega a establecer que “la operación de endeudamiento podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago”, las posibles actuaciones efectivas por parte de la corporación local en favor de la pervivencia de la compañía se ven fuertemente constreñidas.

Sin embargo, ni son tales actuaciones, por ello, inexistentes, ni cabría cesión, por causa suya, en el empeño de mantener un servicio municipal de transportes utilizado diariamente por miles de mierense y solo mediante el cual permanecen integrados los diversos núcleos poblaciones del municipio con su villa capitalina. Y, en particular, los más importantes de ellos, como son los enlazados por las tres líneas que acaparan el 90% de sus viajeros: las que tienen por destino las localidades de Turón; Ujo-Valdefarruco; y Nuevo Santullano-Entrerríos; conectando a las tales, en su recorrido, con equipamientos comerciales o sanitarios como será el nuevo Hospital de Mieres.

En tales circunstancias, y tomando como criterios de actuación el mantenimiento de un servicio de la máxima utilidad social explotado en régimen de titularidad pública, así como el máximo sostenimiento del empleo, desde la Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias defendemos, en primer lugar, la necesidad de servirse de cuantos medios técnicos ponga a disposición de sus asociados tanto el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) como las restantes asociaciones en que permanece Emutsa integrada (ASTRA, ATUC, FEMP), con objeto de evitar, en la medida de lo posible, el recurso a la consultoría privada; así como, la subordinación a los intereses de la compañía de la gestión de todos aquellos servicios que, entrando en su esfera de actividad, pudieran contribuir, en virtud de su eventual rentabilidad, a la supervivencia de la misma; y, en particular, el de la conexión entre Moreda de Aller y el nuevo Hospital de Mieres; la línea entre Oviedo y Pola de Lena; o la gestión de la estación municipal de autobuses de Mieres.

Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias.

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Sobre la subestación de Santa Marina: resolución del PCA en Mieres

Hace varias semanas, el Ayuntamiento de Mieres ordenaba a E.On la inmediata demolición de la subestación eléctrica construida en el barrio de Santa Marina. Parecía así culminar un largo proceso que comenzó en mayo de 2009, cuando el anterior gobierno local concedió una licencia de obra que, según el fallo del Juzgado de lo contencioso- administrativo número tres de Oviedo, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, vulneraba el plan parcial “Vasco-Mayacina” en el cual los terrenos en los que se ha construido el equipamiento eléctrico estaban considerados como un espacio de “uso público”, inicialmente reservado para el desarrollo de una zona de recreo. Además esta sentencia también reconoce que la subestación, según dicho plan, debió ubicarse en las inmediaciones del Pozo Barredo.santa marina

Desde que en otoño de 2010, comenzó la construcción de dicha subestación, muy cercana a varios colegios, un centro de salud y viviendas de trabajadores, los vecinos de Santa Marina, constituidos en una “Plataforma contra la subestación”, han llevado a cabo una lucha ejemplar en defensa de sus derechos. Esta lucha se concretó en distintas acciones, tanto en la calle, realizando  concentraciones y paralizando pacíficamente las obras cuando estas apenas habían dado comienzo, como en las administraciones, llevando al Pleno Municipal una petición de moción, presentada por Izquierda Unida y aprobada con el voto del resto de fuerzas a excepción del voto en contra del PSOE (por entonces en el gobierno), en la que se exigía la paralización de las obras; y también presentando un recurso contencioso-administrativo contra la Administración local por conceder la licencia de obra a la compañía eléctrica, desencadenante de la sentencia que ahora obliga al consistorio a asumir la tramitación del derribo.

Pese a todo, el grupo energético, guiándose durante el proceso por el principio de “hechos consumados”, no solo ha finalizado la construcción del equipamiento, sino que éste se encuentra operativo desde hace varios meses, vulnerando la sentencia judicial y sin haber recibido por parte del Ayuntamiento los pertinentes permisos de funcionamiento. Además, ha pretendido realizar un doble chantaje con la intención de conseguir mantener la subestación en su actual emplazamiento. Por un lado, a los propios vecinos, enviando cartas a los domicilios del nuevo barrio de la Mayacina en las que advertía de que la posible ejecución de la sentencia les impediría poder garantizar el suministro a la zona. Y por otro lado, al Ayuntamiento de la localidad, ya que la multinacional alemana, con más de dos mil millones de euros en beneficios en 2012, ha hecho llegar a los medios de comunicación su posible petición de una millonaria indemnización económica por los perjuicios causados en caso de que finalmente deba acatar la sentencia.

Desde del Partido Comunista de Asturias consideramos que el gobierno de Mieres debe demostrar firmeza con objeto de que se cumpla la sentencia que obliga a derribar la subestación y que, por consiguiente, ha de emprender las acciones oportunas contra E.On por mantener en funcionamiento la misma de forma ilegal. Del mismo modo, estimamos necesaria la realización de una investigación que aclare todas las cuestiones referidas a la tramitación de la licencia de obra para construir la subestación, que culmine con un proceso de depuración de responsabilidades dentro del propio Consistorio.

Por último, y sobre todo, queremos subrayar el esfuerzo de los vecinos de Santa Marina, que han dado muestra de cómo con organización efectiva se pueden combatir las injusticias reales, siendo así sus derechos y aspiraciones reconocidos.

Santa Bárbara no se cierra

¿La Fábrica de Armas puede dar beneficios?

Sí, de hecho estuvo dándolos hasta hace poco y no solo a base de fabricar armas, también motores y piezas para aviación, maquinaria, torres eólicas…

¿Porqué cierran la fábrica entonces?

Porque la multinacional General Dynamics, que compró SBS en el 2001 nunca estuvo interesada en la producción ni en los trabajadores, solo en los contratos de defensa que sus amigos del PP en el Ministerio de Defensa le ofrecían. Para lograrlo tenía que comprar  SBS a la SEPI.

Hubo contratos de compensación que se desviaban a empresas de otras regiones, cuando en realidad SBS era la empresa mejor cualificada para cumplir esos pedidos. SBS fue boicoteada por el Ministerio de Defensa desde el mismo día en que la vendieron.

¿Se puede mantener la fábrica?

Sí. renacionalizando SBS y poniéndola otra vez a trabajar. Una fábrica pública no tiene que rendir beneficios a sus accionistas. Es una protección para el empleo. El coste total de la privatización fue de 500 millones. El Estado solo ingresó 5 millones de euros con la venta.  En el momento de iniciar la privatización, la empresa tenía pedidos por valor de 2.000 millones. ¿No se ha regalado ya demasiado dinero público? Según el Tribunal de Cuentas Sí. Además ha habido retrasos por parte de GD a la hora de cumplir compromisos en materia de carga de trabajo y pedidos.

¿Qué se podría fabricar en SBS?

Cualquier cosa que requiera trabajo del metal de alta calidad: maquinaria, piezas, soldadura de precisión, calibración sin error, vehículos, trenes. Se pueden subcontratar procesos de fabricación y calibrado a otras empresas nacionales o extranjeras, como de echo se venía haciendo hasta ahora. El Estado no es el único cliente posible.

También se pueden habilitar parte de las instalaciones  (Fábrica de Oviedo) para un laboratorio de  investigación y desarrollo de alto nivel en tecnologías del metal (¿Acaso no hay ingenieros y científicos en paro en España?) y abrir una escuela de formación profesional que forme profesionales altamente cualificados que ayuden a otras industrias y empresas a desarrollarse.

¿Alguna idea?

  • El Estado debe expropiar a la empresa y renacionalizar las instalaciones. El estado ingresó 5 millones de € en la venta cuando tenía 2.000 millones en pedidos. No se debería pagar ni un céntimo más para pasarla a titularidad pública debido a la falta de compromiso con sus trabajadores por parte de GD.
  • Se puede organizar una gran movilización popular de la comarca de Oviedo que reclame llevar a los responsables y a GD a juicio y exigir la cancelación del contrato de compra venta, la devolución de la empresa y el resto del dinero publico malgastado en la gestión privatizadora realizada.
  • Se podría constituir una sociedad mixta del Estado con participación cooperativa de los trabajadores, para gestionar el futuro de la empresa.

¡Santa Bárbara es de sus trabajadores!

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Entrevista del PCA a Feli Velázquez

“En la PAH les explicamos a los afectados que la lucha debe ser colectiva para lograr una solución real al problema”

Feli Velázquez es una incansable activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y también Secretaria de movimientos sociales del PCE . Nos cuenta cómo es la lucha contra los desahucios y la necesidad de perder el miedo a seguir luchando por los derechos sociales en la calle y señalando a los culpables de esta crisis.

¿Cómo fueron los inicios de la actividad de la PAH en Madrid?

Al principio, como todo lo que comienza, fue difícil y es interesante hacer un análisis previo. Cuando en una sociedad la gente comienza a quedarse sin empleo, que es su medio de subsistencia, lo que sienten en un principio es un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. Entonces eso fue lo que nos encontramos al principio, todo empieza a caminar con más fuerza cuando son los afectados los que comienzan a llevar las riendas de la reivindicación. Al principio se da una empatía entre los activistas y ellos pero si es cierto que ves rápido el sentimiento de culpa que traen los afectados, superarlo fue un paso muy importante en la lucha y en los éxitos que logramos después.

Como militante del PCE, ¿cómo es tu trabajo en los movimientos sociales?

En los documentos lo tenemos todo dicho y todo escrito.  Pero hay que ir más allá, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los tiempos y a la realidad que va cambiando en los movimientos sociales, sobre todo en los últimos dos años. Yo creo que los militantes del Partido Comunista tenemos una gran responsabilidad y lo que debemos hacer es estar ahí donde la gente se mueve, con humildad, con incidencia, con nuestras propias propuestas, pero desde luego estar ahí.  Esa es la obligación de cualquier comunista en este momento, sabernos adaptar a los nuevos tiempos. No podemos saber elaborar textos y documentos hablando de los movimientos sociales creyendo que la gente, porque escribamos un buen análisis marxista de la realidad, va a venir a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a la movilización, impulsarla donde no la haya y de ese modo se reconocerán nuestras propuestas por parte de los compañeros y compañeras de los movimientos sociales.

Lo que tenemos que hacer es una autocrítica, ver en qué hemos fallado nosotros y ver cómo somos capaces de integrarnos en los nuevos movimientos. Y además, todos ellos tienen un gran contenido de clase, todos, desde las Mareas hasta el 15-M, pasando por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Si nos ponemos a desarrollar el contenido de cada uno de estos movimientos vemos que es la pura y genuina lucha de clases.

Hablemos ahora de las Mareas, ¿qué trabajo desarrolla el PCE en ellas?

Yo creo que a nivel federal el PCE está haciendo un buen trabajo en el ámbito de la sanidad por ejemplo. Nosotros ya teníamos una experiencia previa a la marea blanca en ese terreno y ahora nos hemos incorporado a este nuevo método o estrategia de lucha. Hemos hecho un buen trabajo de acción y seguimos en ello, al igual que con la educación.

Volvamos al trabajo de la PAH. ¿Cómo se analiza el éxito de tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso?

Es cierto, que aparte de lo que pueda ocurrir en el Congreso, los logros de la ILP dieron sus frutos desde el principio, desde que el grupo promotor puso en marcha esta Iniciativa Legislativa Popular. Con la recogida de firmas pudimos ponernos en contacto con muchísimos ciudadanos y ciudadanas que de otro modo no hubiéramos tenido la oportunidad.

Yo creo que es una de las Iniciativas que más firmas ha tenido en la historia de este país, más que muchas promovidas por los propios sindicatos mayoritarios. Hemos alcanzado la cifra del millón cuatrocientas mil firmas, y la verdad es que no entregamos más porque la Junta Electoral no nos ha querido recoger más, pero hay mucha gente que sigue queriendo firmar. Todo esto nos ha permitido escuchar lo que a la gente le preocupa realmente del tema de la vivienda y también, muy importante, se ha generado una presión social que provocó directamente el freno del voto negativo del PP  para la tramitación de la ILP.  Ellos estuvieron diciendo previamente por activa y por pasiva, en los medios de comunicación, que iban a votar en contra de la ILP, pero esa presión ciudadana les hizo cambiar de opinión; y eso es histórico, porque a ningún partido político con tan amplia mayoría,  y esa prepotencia y arrogancia que tienen,  le gusta tener que dar marcha atrás. No le quedo más remedio.

¿Crees que realmente prosperará por vías institucionales esta Iniciativa?

Realmente no tenemos mucha confianza porque gobierna quien gobierna y los intereses de la banca y de los grupos financieros son los que marcan la política  tanto en España como a nivel Europeo. Probablemente ahora, cuando empiecen a hacerse las aportaciones en el Congreso, simplemente queden algunas de nuestras sugerencias de menos importancia. Temas importantes como la moratoria o la dación en pago no seguirán hacia delante en el documento. Quizá el alquiler social tenga más posibilidades de prosperar pero la dación en pago y el tema de la moratoria  es algo que no asumirán muchos grupos parlamentarios que obedecen a las órdenes del mercado. Nosotros no vamos a consentir ninguna reforma de la ILP, tenemos la credibilidad de la gente que nos ha acompañado en todo este proceso con sus firmas y no vamos a dar pasos atrás. Además la ILP en sus reivindicaciones no es gran cosa, es una propuesta de mínimos: dación en pago, alquiler social y moratoria. Es un derecho de justicia social.

Además de los casos de las hipotecas de los bancos, en Madrid estáis trabajando mucho con las empresas públicas de vivienda…

Sí, en Madrid empresas como IVIMA(Instituto de la Vivienda de Madrid) o la EMV (Empresa Municipal de Vivienda) dan viviendas en alquiler social pero hoy en día no tienen nada que envidiarle a los bancos porque están echando a la gente igualmente a la calle por deudas de 2000 o 3000 euros.  Entonces nosotros hemos creado una comisión dentro de la PAH dedicada a frenar esos desahucios. La verdad es que si el tema hipotecario es demoledor, el tema de las viviendas sociales no tiene nombre. Estamos hablando de familias que si se quedan sin casa se encuentran en una situación de exclusión social absoluta y jamás van a poder acceder a otra vivienda social porque se convierten en morosas. Con este asunto se ponen en entredicho los derechos más fundamentales como son los derechos humanos  y la Administración pública madrileña no tiene ningún tipo de sensibilidad para sentarse a negociar.

Pero en cambio la opinión pública sí parece ser sensible al tema de los desahucios…

En el tema de los desahucios lo que ocurre es que tienes el enemigo enfrente, se les ve claramente, están bien identificados. Entonces se genera una solidaridad popular muy grande. Cuando vas a parar un desahucio es increíble ver como se juntan  personas que no se conocen absolutamente de nada pero que se ponen juntos delante  de una puerta para impedir que pase la policía y la comisión judicial para echar a alguien de su casa.  Yo creo que esto tiene muchísima relevancia, como hacía tiempo que no tenía ningún movimiento de solidaridad ciudadana.

Luego, la lucha no es solamente el día del desahucio, la lucha se empieza a dar desde que la persona deja de pagar y le empiezan a llegar las cartas del banco. Entonces se empieza a ir a la sucursal bancaria, en el caso de las viviendas sociales, nos vamos a encerrar en las propias entidades responsables de esas viviendas. Y el afectado ve de cerca al enemigo y ve que puede decirle y presionarle de manera real. Es decir, es lo bueno de esto, que no se difumina entre altos cargos o directivos. Además en la mayoría de los casos se trata de estafas sufridas por los ciudadanos, no están pidiendo que les perdonen una deuda real si no una deuda que se ha generado con una estafa.

En este contexto de crisis donde luchamos por cosas tan básicas y fundamentales como una vivienda digna, ¿hay que tener cuidado con no confundir solidaridad con caridad o asistencialismo?

Por supuesto. Mira, en la PAH esos límites los ponemos todos los martes en la asamblea. En una asamblea con más de 200 personas tratamos de diferenciar la caridad y el asistencialismo con la solidaridad. Lo primero que se les dice a los afectados es que ellos nos pueden venir a tratar su problema individual, les escuchas, evidentemente, porque vienen con una presión muy grande y hay que escucharlos, pero a continuación les explicamos que la solución no pasa porque les reciba un abogado, les rellene un expediente o vaya al juzgado. La solución pasa porque junto con sus compañeros y compañeras hagan una respuesta colectiva al problema. Entonces yo creo que actualmente, en los movimientos sociales, es donde mejor se está tratando el tema de la necesidad de una lucha colectiva y en defensa de los derechos sociales sin caer en la caridad. la Plataforma es un ejemplo de ello, o al menos así lo intentamos.

Parece que hay un apoyo mediático o al menos sensibilidad con el tema de los desahucios, ¿es así?

Algunos canales de televisión lo hacen únicamente por caridad, pero sí es cierto que hemos roto el cerco mediático. Además cuando hay una cámara en un desahucio la policía suele amedrentarse bastante y eso siempre es una ayuda. Aunque la  manipulación mediática siempre puede darse en función de la presión y los intereses del poder político, creo que estamos en un momento bastante complicado para manipular la realidad en este ámbito. Afectan muchos factores y nosotros hemos podido comprobar  que hay sectores que no estaban comprometidos con la lucha contra los desahucios y que se están comprometiendo y eso no lo van a poder parar ni los medios de comunicación más poderosos. Desde el bombero que no quiere romper la cadena hasta los jueces que paran los procesos de desahucio incluso en la parte final de los mismos y favorecen los acuerdos entre las partes.

Por último, ¿con qué argumentos se criminaliza el activismo en los movimientos sociales?

Una de las funciones del propio sistema es utilizar el miedo y la represión para  amedrentar e intentar que la gente no se movilice. Pero en este caso parece que no tienen muy buenos resultados, porque además son muy torpes, y con las detenciones lo que han buscado no lo han conseguido. En uno de los autos de un juicio que tenemos pendiente figura un protocolo especial que tiene la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se dice que cada vez que la PAH sale a  la calle tiene que haber un operativo especial de policías, en cuanto a cantidad de agentes y modos de actuación, que es el que se lleva a cabo cuando se trata de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda. Y al final del auto figuraba que consideran a la PAH de extrema izquierda. Todo esto forma parte de los métodos  que siempre ha tenido la policía y el poder político para intentar asustar a la gente.