El PCA homenajea a Aida De La Fuente, a los revolucionarios del 34 y a los mártires de Villafría
Aquí os dejamos una pequeña crónica fotográfica del acto celebrado esta mañana.
El PCA se reúne con Alberto Garzón
Con ocasión de la visita a Asturias del nuevo Coordinador General de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tuvo lugar en Riosa un encuentro entre éste y una delegación del PCA, encabezada por su Secretario General, Francisco de Asís Fernández y de la que formaban parte José Ángel Piquero, Adjunto a la Secretaria General, Roberto Ruiz, Secretario de Organización, Tali Gayol, S. de Finanzas, Agustina Guglielmetti, S. de Movimientos Sociales y Susana Moral, S. de Movimiento Republicano.
En la reunión política con la Dirección del PCA, celebrada a continuación de un acto político y festivo de Izquierda Unida, se abordaron temas como la situación institucional del país, el desarrollo de IU en sus Federaciones dentro, del marco de su nueva etapa, el papel del Partido Comunista, tanto en el seno de IU, como directamente en el movimiento obrero y entre los movimientos sociales, y aspectos de la política internacional de IU, junto con las campañas que el PCA tiene en marcha, particularmente en el ámbito de solidaridad internacionalista.
El PCA valora muy positivamente la reunión celebrada, como un paso más en la presencia e implicación de los/as comunistas asturianos/as en IU y en la participación del Partido como vector de propuesta política dentro de ella.
El PCA en Gijón condena las actitudes racistas y xenófobas del pasado domingo en “El Molinón”
El PCA en Gijón condena las actitudes racistas y xenófobas del pasado domingo en “El Molinón” por parte de grupos fascistas y neonazis
El PCA en Gijón condena frontalmente los insultos racistas y xenófobos de grupos fascistas y neonazis durante el partido disputado en el estadio “El Molinón” el pasado domingo, día 21, entre el Sporting de Gijón y el Athletic Club de Bilbao.
Durante varios lances del partido, el grupo neonazi denominado “Ultraboys”, increpó de manera continuada al jugador vasco Iñaki Williams, lo que hizo que el árbitro detuviese el encuentro para llamar la atención al delegado de campo sportinguista.
Tales comportamientos se dan de manera continuada en un gran número de eventos deportivos, con especial incidencia en el fútbol, sin que haya ningún tipo de respuesta o sanción ejemplar por parte de la administración o los clubes.
Por ello, desde el PCA en Gijón exigimos medidas concretas, expeditivas y ejemplarizantes, tanto a la administración como a los clubs deportivos, para la erradicación de estos grupos violentos de cualquier estadio y/o evento deportivo de manera inmediata, manteniendo los principios y valores deportivos de respeto, compañerismo, no violencia e igualdad.
La Memoria Histórica y el nombre de nuestras calles
Ante la polémica creada por la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) por parte del Gobierno municipal en Oviedo es preciso que recordemos que es una ley escasa, alicorta y que deja mucho que desear. Aún así, dicha ley, con más de 8 años de vigencia, establece en su artículo 1 que “tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar”
También recoge, en su artículo 15, que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”
Con el objeto declarado de cumplir dicha ley, el gobierno local del PP formó en 2007 una comisión y posteriormente aprobó en pleno municipal la retirada de diferentes nombres de calles u otras distinciones. Pero, en otro ejemplo de la funesta gestión como alcalde de Gabino de Lorenzo, el gobierno municipal, con mayoría absoluta de PP, no cumplió cabalmente lo acordado por el propio pleno municipal. Ni la mitad de los pocos cambios aprobados vieron la luz.
En este caso no se perdieron ingentes cantidades de dinero como en los casos de “los palacios”, “Villa Magdalena”, “Cinturón Verde” o muchos otros, sino que se escamoteó esa mínima reparación moral que ya era poca frente que a la que tienen derecho quienes sufrieron el vilipendio de la represión de la dictadura franquista. Esperar un mínimo de sensibilidad democrática o histórica de un gobierno que esquilma y engaña a sus conciudadanos es mucho esperar.
Pues bien, ahora que el gobierno municipal de Oviedo acomete la aplicación de la alicorta ley de memoria histórica en Oviedo y tan solo propone el cambio de nombre de veinte calles, el PP local que no fue capaz de hacerlo y quienes se resisten a un mínimo de funcionamiento democrático atacan con risibles argumentos. No quieren que se retiren de las calles los nombres de golpistas, terroristas o represores que atentaron contra el conjunto de la población. “Es la historia”, “mejor no moverlo”, “hay mejores cosas que hacer”, “es revanchismo, venganza” son los mensajes repetidos.
¿Acaso no hacemos nosotros historia honrando a los que defendieron la legalidad constitucional republicana? ¿No es hacer historia mantener unos honores a personas indignas de ellos y que los consiguieron por la fuerza de las armas? Hitler o Mussolini son historia pero no tienen calles que los honren en Alemania o Italia. ¿Acaso no deberíamos quitar honores como el de hijo predilecto o el nombre de calles o plazas a un exministro, diputado o director de la Guardia Civil que se descubrieran delincuentes? ¿Alguien considera que un violador, terrorista, maltratador, pederasta o político corrupto merece dar su nombre a una calle, por muy historia, triste historia, que sea? Si alguien ofende grave e injustamente a un familiar cercano destrozando su vida, ¿usted lo dejaría pasar? Si el nombre de un terrorista u otro delincuente apareciese en una lista de honor, ¿usted defendería corregirlo o cree que es mejor no moverlo? ¿Acaso un gobierno no debe y puede hacer varias cosas a la vez? ¿Acaso no justifica la historia que tengamos en nuestra ciudad una plaza de la República o una calle con el nombre de la Pasionaria o con el del Comandante Ros asesinado por defender la legalidad constitucional republicana en Oviedo? ¿Es revanchismo hacer un poco de justicia? ¿Un error no corregido justifica que lo prolonguemos?
Asumamos que somos ciudadanos y ciudadanas, que con nuestro trabajo y esfuerzo construimos nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra riqueza, nuestra historia y dignidad. No podemos consentir que nuestro carácter de ciudadano o trabajador se vea reducido al de meros espectadores o consumidores de lo que otros hicieron, hacen, ofrecen o les conviene. Seamos dignos y condenemos la indignidad venga de donde venga.
José Ángel Piquero Fdez, Maestro de E. Infantil.
Secretario Político del PCA en Oviedo
Ante los recortes del Principado de Asturias en la etapa educativa de 0-3 años
Desde el Partido Comunista de Asturias, mostramos nuestro total desacuerdo con los planes inmediatos y la manera del proceder del Gobierno del Principado de Asturias en relación a los recortes planteados en la etapa 0-3 años. Un día más, nos despertamos con la noticia de que la Consejería de Educación del Principado continua enviado cartas de despido a las y los trabajadores a pesar del compromiso adquirido por parte del Gobierno regional de frenar y revertir tal situación, gracias, tanto a la presión ejercida desde IU Asturias, como desde los distintos colectivos y asociaciones como AEIPA, que pelean por mantener y mejorar la calidad educativa en esta importante etapa para el desarrollo de niños y niñas.
La actuación del Gobierno del Principado supone, no solo contravenir los acuerdos alcanzados en materia de investidura con IU Asturias, sino también ese compromiso adquirido con los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, así como las condiciones mínimas para el desempeño de su función docente, máxime cuando los datos que ofrecen éstos, reconocen un aumento en el número de matrículas para esta etapa, que acaban no pudiendo cubrirse con la oferta pública, algo claramente visible dada la existencia de listas de espera.
Desde el PCA, urgimos al Gobierno del Principado de Asturias a que cumpla con el compromiso adquirido con Izquierda Unida de mantener tanto unidades como personal en esta importante etapa educativa, así como tenga en cuenta la opinión y consejos que ofrecen los distintos colectivos en defensa de la universalización de la etapa educativa de 0-3 años, así como las más de 3000 firmas recogidas hasta el momento por tales colectivos. Así mismo, Instamos a la administración regional a que a la mayor brevedad, ya que no lo ha hecho aún, elabore y exponga un plan que, desde el respeto a los puestos de trabajo de las educadoras/es, a los derechos a la educación de nuestros niños y niñas, y a la necesaria información y negociación con los/as trabajadores y el conjunto de la Comunidad Educativa, nos lleve de la situación actual de dispersión discriminatoria e ineficiente entre administraciones locales y regional a una integración en la administración autonómica.
De igual manera, mostramos nuestro total apoyo a los colectivos implicados, así como a todas y todos los trabajadores y exigimos subsanación de esta situación por parte de los organismos y autoridades competentes, así como más transparencia en el proceso, tratando de favorecer la calidad y estabilidad de los y las educadoras cuyo fin último no es otro que el de lograr un sistema educativo más integrado, equitativo y universal.
“Montoro tiene una carta para ti”
En los últimos días el Señor Montoro sorprendía – o no – a propios y extraños con el envío de una misiva a diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Gijón y el de Mieres, en el que planteaba una propuesta para la liquidación de determinadas empresas públicas municipales, así como fundaciones y organismos dependientes de la gestión pública municipal. cuyo fin no es otro que el de profundizar en la privatización de servicios básicos, la precarización de su personal laboral y la merma en el servicio y encarecimiento del mismo.
En el caso de Gijón, la propuesta enviada desde el Ministerio de Hacienda, por cierto, ocultada por el gobierno local de FORO tanto al resto de partidos de la corporación municipal como a los sindicatos, se concreta en nada menos que cinco entidades públicas. Tres, son entidades públicas municipales, EMTUSA, la empresa municipal de transporte urbano, DIVERTIA, relativa al ámbito cultural de la ciudad y EMVISA, la empresa municipal de vivienda. Las otras dos – entroncadas también en la gestión pública – la Fundación Municipal de Cultural y el Fondo de Capital de Riesgo.
La justificación de este ataque a la gestión pública de servicios básicos para toda la ciudadanía, viene en base al mantra pautado legalmente en la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y al techo de gasto marcado en la reforma del art. 135 de la Constitución. Ante tal revuelo mediático, el Ministerio de Hacienda lanza su cortina de humo, justificando la misiva con que “solo se requiere información” sobre la gestión y liquidez de estas empresas públicas. Cabe decir que, en la propia carta, el Ministerio se desdice recalcando que requiere información relativa a la liquidación de tales empresas.
Esto responde a un claro chantaje al resto de partidos a través de un ajuste de tuercas a las Comunidades autónomas, cuyo fin no es otro que el de presionar para ungir un nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, mientras, de paso, continúan con su programa austericida de enterrar todo viso de iniciativa y labor pública. Una clara muestra de que el “gobierno en funciones” del PP sigue trabajando en vacaciones, no sólo en su intento de apuntalar un nuevo gobierno al son de su bachata veraniega o una posible mayoría absoluta navideña, sino en destrozar, con la connivencia de sus filiales regionales y locales como FORO, todo rastro de servicio público que revierta en un beneficio para la mayoría de la ciudadanía.
Este golpe de efecto, que no responde más que a la praxis de postulados neoliberales en los que se encuentran y entrelazan el gobierno central del PP y el local de FORO, ha de ser el acicate para demostrar la necesidad de comenzar a transformar el municipio, de construir una alternativa de izquierdas al gobierno de FORO en Gijón, que tome medidas políticas y socioeconómicas concretas en la defensa de la iniciativa pública y su función social y el desarrollo de la cultura asociativa democrática y transparente. En definitiva, el tránsito a un modelo por y para las clases populares, con las y los trabajadores; para favorecer a la mayoría social.
David Santirso Ruiz
Secretario Político del PCA en Gijón
MUNICIPALISMO VS CANIBALISMO
Desde la llegada de Izquierda Unida (IU) a la alcaldía del ayuntamiento de Mieres en mayo de 2011, el déficit de la Empresa Municipal de Transporte (Emutsa) se redujo en torno a un 40%, alcanzando el pasado año el mejor balance de la última década. Un balance especialmente positivo si se tiene en cuenta que durante dicha década Emutsa perdió ese mismo porcentaje de sus viajeros, a consecuencia de la contracción del empleo, ocio y comercio que trajo consigo la crisis económica.
Sin embargo, y con «nocturnidad y alevosía», el ministerio de Cristóbal Montoro pretende imponer a los mierenses el cierre de una empresa pública que presta un servicio tan esencial para toda la ciudadanía de un municipio con población tan dispersa y envejecida como es el transporte público. Un servicio necesario para que todos los vecinos y vecinas puedan acudir a su centro de trabajo, estudio o de salud; pero, sobremanera, para aquellos que no disponen de medios propios para desplazarse, generalmente los más desfavorecidos de la sociedad, la clase trabajadora más precarizada.
Parece que la estrategia del PP es clara: con la excusa de la reducción del gasto público, privatizar servicios municipales. Y sabemos perfectamente que tras toda privatización lo que se encuentra el ciudadano es un encarecimiento y empeoramiento de los servicios de que dispondrán las personas más necesitadas.
No es sorprendente, ciertamente, la medida adoptada por los populares, pues somos conocedores de que para dicho partido «lo público» es prácticamente equivalente a «falta de rentabilidad» y «funcionamiento anquilosado», frente a la «esfera de lo privado», cuya gestión sería más «eficiente» y donde brillaría la armonía espontánea de la «mano invisible» del mercado (dejando de lado, por poner un ejemplo, que, durante 2015, los salarios más bajos cayeron un 25,6 % en España, mientras los de los primeros ejecutivos del IBEX-35 escalaban un 80%).
Bajo la bandera de la necesidad de reducir la deuda de las entidades locales, el Ministerio de Hacienda utiliza la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un instrumento de intervención en los consistorios que bloquea toda autonomía local, reduciendo servicios sociales básicos a puros términos contables y obligando, de facto, a privatizar aquellos que no generan beneficios.
Pero lo que es absolutamente falso, frente a lo que se quiere dar a entender de mala fe, es que los ayuntamientos sean los responsables de la deuda pública en España. De hecho, las entidades locales tienen una contribución más bien mínima a la misma: tan solo un 3,3 %; dándose, además, la circunstancia de ser las únicas administraciones en situación de holgado superávit presupuestario, frente al claro déficit de todas las restantes. Y lo que ya resulta el colmo es constatar cómo buena parte de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país ¡son ciudades que fueron gobernadas por los populares durante más de veinte años!: Madrid, Valencia, Málaga… Prueba indudable de la «eficiencia» de los postulados ideológicos de calle Génova. Ni la deuda pública ni el déficit, por tanto, justifican las medidas «austeritarias» adoptadas por el PP. Como suele ocurrir, pagan justos próximos por lejanos pecadores.
Verdaderamente, es un caso de corrupción ideológica extrema el que a una Ley que obliga a privatizar servicios públicos se la denomine Ley de «Racionalización» y Sostenibilidad Financiera. Y todo ello, insistimos, bajo el pretexto de la rentabilidad económica. Esa es la idea que manejan en el PP de «racionalidad»: dejar a miles de personas dispersas, y de edad avanzada en su mayoría, sin su necesario transporte público. Como también es un ejemplo de una flagrante corrupción intelectual reducir el concepto tecnocrático de déficit al ámbito económico y financiero. El principal problema político no reside en que una empresa pública sea deficitaria. Más bien habría que invertir el planteamiento neoliberal: una sociedad es “deficitaria” cuando deja de prestar servicios públicos y de calidad a sus ciudadanos.
Emutsa es una empresa de transporte que ofrece un servicio irremplazable al que recurren unos 800 mil viajeros al año en nuestro concejo, lo que supone unas 2.100 personas diarias que emplean dicho transporte. Entre ellas: madres, abuelas o estudiantes. Y es que hablamos de personas, no sólo de números. Reflexionemos recurriendo a una analogía: ¿se decide una operación quirúrgica en función del gasto que supone o en relación con las necesidades de supervivencia, salud y bienestar del paciente?
La sanidad, la educación o el transporte no son negocios privados, sino bienes públicos cuyo mantenimiento no puede ceñirse al criterio propio de un contable.
Desde el equipo de gobierno de Mieres ya hemos tomado cartas en el asunto. Un día después de recibir la notificación del Ministerio exigiendo, pese a sus posteriores rectificaciones, la «disolución automática» de la empresa, nuestro alcalde, Aníbal Vázquez, trasladó una primera respuesta al tajante requerimiento señalando los errores constatables en los plazos señalados en el mismo y tratar de paralizar, así, la decisión del PP. También trasladó nuestro alcalde estos hechos a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de coordinar una respuesta institucional y social ante esta última embestida del PP a los servicios públicos municipales. Además, nuestra concejala de Urbanismo, Delia Campomanes, ha reforzado el asesoramiento jurídico a Emutsa en preparación de la batalla legal que de estas circunstancias pudieran derivarse.
Según palabras de David Harvey, vivimos tiempos en que «el capitalismo internaliza prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas» consistentes en la «acumulación por desposesión» de los bienes y servicios públicos que fueron conquistados históricamente por la clase trabajadora; en otros términos, por «la parte de sin los parte». De nuestra lucha contra este «canibalismo político», que nos arranca los pocos derechos que nos quedan, y tanto costó conseguir, depende nuestro futuro.
Desde el gobierno de Mieres, seguiremos dando la batalla para defender el mantenimiento de los servicios municipales. No estamos solos. Contamos con el apoyo de toda una población que se niega a que se pague antes a los bancos que la nómina de los trabajadores, que defiende un sólido sistema de servicios públicos y que, por supuesto, no va a aceptar que nos cierren una Empresa Municipal de Transportes con ya 60 años de brillante historia en favor de los mierenses.
Delia Campomanes
Concejala de Transporte y Urbanismo del Ayuntamiento de Mieres
Juan Ponte
Concejal de Empleo y Cultura del Ayuntamiento de Mieres
El PCA recupera su Agrupación en Grao
El Comité Central del Partido Comunista de Asturias ha aprobado este domingo, día 24 de julio, la creación de una agrupación del Partido en el concejo de Grao.
Tras acordar el ingreso en el partido de varias personas que lo habían solicitado, el máximo órgano de dirección entre congresos, ha dado luz verde a la constitución de la Agrupación Local del PCA en Grao.
Con este importante acuerdo, el PCA recupera su presencia orgánica y social en un territorio que cuenta en su mochila, como en el conjunto de la región, con una marcada trayectoria de lucha, y en el que la izquierda ha tenido históricamente una gran presencia institucional.
Esta nueva agrupación contará con el apoyo de la dirección del PCA para consolidarse, fortalecer su trabajo y lograr éxitos en las luchas laborales, sociales y políticas en el concejo.
Seguimos creciendo, seguimos avanzando.
¡Porque fueron somos, porque somos serán!
¡Viva el Partido Comunista de Asturias!
Solidaridad con los mineros de la Vasco Leonesa
Después de dieciséis días de encierro y ante la falta de soluciones del Gobierno a su conflicto, los 4 mineros de la Vasco Leonesa han dado un paso más con el que pretenden llegar “hasta el final y con todas las consecuencias”: han iniciado una huelga de hambre “hasta que aguanten”.
Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garguño permanecen encerrados a 200 metros de profundidad en la planta 975 del pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón. Un encierro que iniciaron el pasado lunes 13 de junio a la espera de que el Ministerio de Industria convocase las ayudas que permitan un cierre ordenado de esta explotación, un pozo condenado a cerrar definitivamente el próximo 31 de julio, con la consecuente extinción de los contratos de los 200 trabajadores de interior, si el Ministerio de Industria no da luz verde a las ayudas aprobadas desde la Comisión Europea.
Un encierro con carácter indefinido, ante la negativa del Gobierno a convocar las ayudas, visto como “el último cartucho ante una crisis sin retorno”. Negativa que dejaría a la totalidad de la plantilla en la calle a partir del 1 de agosto, a pesar de que la administración concursal preveía la contratación de un centenar de trabajadores durante 36 meses, prorrogable en 18, para llevar a cabo las labores de “cierre ordenado” que reclama la plantilla.
El comité de empresa recuerda el caso de nuestra mina La Camocha, que llevó al Gobierno a modificar el real decreto a pesar de que no optaba a las ayudas. Un Consejo de Ministros podría dar luz verde a estas ayudas, es una cuestión de voluntad política, que mantendría al menos una parte de los 250 empleos que se van a perder con el cierre definitivo de la mina. Dado que el Gobierno está en funciones, los trabajadores reclaman medidas excepcionales que permitan la llegada de esa partida.
Para el Partido Comunista de Asturias, es inasumible que se cierren minas locales, cuando cada vez se gasta más carbón por parte de las térmicas. Pero el caso es que se consume menos carbón nacional de lo que se consumía, y ello porque se sustituye por un carbón de importación más barato, que lo es a costa de ser extraído en condiciones de semi-esclavitud en países que no respetan los más mínimos derechos laborales, medioambientales, ni la vida misma de los trabajadores, sean hombres, mujeres e incluso niños, a los que no dudan en sacrificar en los altares de sus tasas de beneficio y de la sacrosanta competitividad.
Que unos trabajadores se tengan que encerrar, poniendo en serio riego sus vidas, para cerrar “bien” sus puestos de trabajo es lo más vergonzoso de todo en esta espiral de despropósito capitalista.
Por ello, desde el PCA, queremos transmitir:
• todo nuestro apoyo a los mineros encerrados, a sus familias y al resto de trabajadores del pozo Aurelio;
• la exigencia de una solución urgente que garantice el empleo al menos durante las labores de cierre de las instalaciones y que permita que los 4 compañeros puedan salir cuanto antes del encierro;
• la exigencia al Instituto del Carbón para que acuerde dotar con los fondos necesarios las labores de clausura de las unidades de producción de interior de La Vasco;
• hacemos responsables a las administraciones nacional y autonómica del deterioro de la salud de los compañeros encerrados en una mina cuya peligrosidad ya quedó patente con el fatal accidente que se llevó la vida de seis compañeros y ahora el empleo de más de 500 trabajadores, así como de la ruina económica de toda la comarca.
Del mismo modo, exigimos para el conjunto del sector de la minería, de sus comarcas y de las miles de familias de la clase trabajadora que de ella dependen en nuestro país:
• el cumplimiento del acuerdo marco 2013-2018;
• la auditoría de los fondos mineros y depuración de responsabilidades, lleguen a donde lleguen;
• la prohibición (o una fuerte carga impositiva en tanto la prohibición no sea legalmente posible) de la importación de carbón, especialmente del carbón “manchado de sangre”;
• la nacionalización de las minas privadas, así como del sector energético;
• la puesta en marcha de un plan de inversión pública para la reindustrialización y diversificación de las comarcas mineras a ejecutar a partir de 2017;
• un plan de inversión en I+D+i que permita un consumo limpio del carbón y pueda asegurar el futuro de este sector estratégico más allá de 2018.
