El PCA por la matriculación en la escuela pública
Con la apertura del periodo de matriculación para el próximo año recién iniciado y en un contexto de continuo descenso demográfico, los centros escolares de la región se afanan en conseguir nuevo alumnado para alejar la temida posibilidad de la supresión de aulas o, en los casos más dramáticos, la liquidación del centro escolar.
La escuela concertada no es ajena a esta situación y, después de que la Consejería de Educación del Principado haya anunciado el cierre de 32 aulas en sus centros para el próximo curso, ha pasado a la ofensiva la cual parece estar surtiendo efecto dadas las últimas declaraciones de la Consejería, en las que se habla de un posible recorte de 44 unidades en la pública, tanto en Educación Infantil como en Primaria, aludiendo no tanto motivos demográficos sino económicos.
La estrategia de la concertada es clara: consiste, en términos más o menos gruesos, en resaltar su función atacando a la escuela pública. Camino, por cierto, comprensible cuando es evidente que la infraestructura pública educativa de la región está en condiciones de atender casi en su totalidad la demanda existente. El descenso de población se ha encargado de neutralizar el manido argumento utilizado por la concertada de la simbiosis escuela pública-escuela concertada como garante del derecho a la educación. Solo queda atacar.
En grandes líneas, el ataque lanzado desde distintos sectores de la escuela concertada gira en torno a tres ejes: evitar el supuesto adoctrinamiento del modelo público, disminuir los costes y mejorar los resultados. Todos ellos difícilmente sostenibles.
Respecto al primero, poco se puede decir. Dejar la educación en manos de la iglesia y de grandes corporaciones económicas como recetas para evitar la manipulación de los niños por parte del Estado suena más a chiste que a otra cosa. Es este un argumento hecho a medida de (y solo asumible por) los sectores más ultras de la sociedad como, por ejemplo, aquellos que se manifestaron contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía por contemplar el matrimonio homosexual o los que recientemente se paseaban en un autobús naranja por las calles de algunas de las ciudades de nuestro país.
El segundo, por el contrario, si está calando entre la gente. Se repite hasta la saciedad que un alumno de la escuela concertada le sale más barato a la Administración que uno que estudie en un colegio público. Si profundizamos en este dato, encontramos que tal afirmación es un argumento falaz ya que la plaza tiene un coste similar e incluso, mayor en la concertada si sumamos los gastos relativos a uniformes, cuotas, etc. Yendo más allá de los números hay que aclarar que en el modelo educativo público, la escuela se concibe como un servicio para todas y todos sin excepción, mientras que para la escuela concertada es, como no podría ser de otra forma, un negocio. Por esta razón, estos centros responden ante todo a criterios de rentabilidad económica. Resulta más que evidente que brindar una educación, por ejemplo, a los niños y niñas que viven en las zonas rurales de nuestra región, no va a reportar grandes beneficios. Es la escuela pública la que está presente en esas zonas en las que la educación no constituye un nicho económico interesante, en las que es necesario una gran inversión para atender a un alumnado escaso. Ese supuesto mayor coste de la escuela pública respecto a la concertada es el precio a pagar para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad del que disfrutamos todas y todos.
El último argumento esgrimido por los partidarios de un modelo educativo donde la educación concertada tenga cada vez más peso, hace referencia a los mejores resultados obtenidos en diversas evaluaciones externas: los centros concertados ofrecen una educación de mayor calidad que los sostenidos exclusivamente con fondos públicos ¿Realmente esto es así?
Si concediéramos a los pro-concertada que la calidad educativa pudiera medirse a través de una serie de exámenes absolutamente descontextualizados (que negamos válida) y que los resultados de estos pudieran ser claramente favorables a los colegios concertados ¿Por qué podría ocurrir esto? No olvidemos tampoco que las leyes educativas que establecen los currículos en todas las etapas del sistema, tanto a nivel estatal como regional, son las mismas para todos los centros: tanto para los públicos, como los concertados y los privados.
Parece poco probable que la respuesta pueda estar en la formación de los docentes habida cuenta de que las condiciones laborales de los centros públicos son sustancialmente mejores que en los de carácter concertado y que la contratación en tales centros se realiza a modo de empresa privada y no de un proceso público y abierto de concurso-oposición. No parece razonable defender que los docentes mejor preparados, en un acto de infinito altruismo, hayan renunciado a unas mejores condiciones de vida para entregarse a la causa de los centros privados y concertados.
¿A qué podría deberse entonces la disparidad de resultados? Cualquier persona que haya trabajado alguna vez en la docencia podría responder inmediatamente a esta pregunta: al alumnado. Los mismos métodos, ejercidos por los mismos profesionales para enseñar los mismos contenidos, producirán resultados muy distintos según quiénes sean los destinatarios. Mejor dicho, según cuales sean las condiciones socioeconómicas de éstos. Y es que, desgraciadamente, los sectores de la población más desfavorecidos siguen siendo, bien entrado el Siglo XXI, los que obtienen (con cada vez más honrosas excepciones) peores resultados en el ámbito escolar. La escuela no está cumpliendo su papel inclusivo y compensador de las desigualdades socioeconómicas con la eficacia que debería y la concertada dificulta que esto ocurra.
Y es aquí donde se descubre la cara más siniestra de la escuela concertada. Los “mejores” resultados de estos centros no son sino la consecuencia directa de una filosofía educativa que mira a los más beneficiados y da la espalda a los humildes. La educación concertada refleja, a fin de cuentas, un modelo educativo segregacionista donde los que puedan permitirse pagar obtendrán una educación de calidad y aquellos que no tengan dinero tendrán que conformarse con los centros públicos cada vez más “guetificados”. Los centros concertados y su inherente proselitismo dirigido a los más ricos imposibilitan que la educación cumpla una función compensatoria y aumentan, más si cabe, la brecha social.
Por eso, desde el PCA mantenemos nuestra clara apuesta por el modelo público educativo y hacemos un llamamiento a padres y madres a que apuesten por la escuela pública. Instamos también a que el Estado y las Administraciones Educativas estatales y regionales profundicen en la toma de decisiones políticas encaminadas a fortalecer el sistema educativo público favoreciendo un modelo educativo con mayor estabilidad docente y que permita la mejora de las condiciones objetivas de docencia que recibe el alumnado, poniendo fin al absurdo y anacrónico modelo concertado, facilitando que todas las familias puedan matricular a sus hijos e hijas en la escuela pública sin hacerlo como una apuesta sino con el firme convencimiento de que les están asegurando la mejor educación posible.
