Desde el Partido Comunista de Asturias, mostramos nuestro total desacuerdo con los planes inmediatos y la manera del proceder del Gobierno del Principado de Asturias en relación a los recortes planteados en la etapa 0-3 años. Un día más, nos despertamos con la noticia de que la Consejería de Educación del Principado continua enviado cartas de despido a las y los trabajadores a pesar del compromiso adquirido por parte del Gobierno regional de frenar y revertir tal situación, gracias, tanto a la presión ejercida desde IU Asturias, como desde los distintos colectivos y asociaciones como AEIPA, que pelean por mantener y mejorar la calidad educativa en esta importante etapa para el desarrollo de niños y niñas.
La actuación del Gobierno del Principado supone, no solo contravenir los acuerdos alcanzados en materia de investidura con IU Asturias, sino también ese compromiso adquirido con los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, así como las condiciones mínimas para el desempeño de su función docente, máxime cuando los datos que ofrecen éstos, reconocen un aumento en el número de matrículas para esta etapa, que acaban no pudiendo cubrirse con la oferta pública, algo claramente visible dada la existencia de listas de espera.
Desde el PCA, urgimos al Gobierno del Principado de Asturias a que cumpla con el compromiso adquirido con Izquierda Unida de mantener tanto unidades como personal en esta importante etapa educativa, así como tenga en cuenta la opinión y consejos que ofrecen los distintos colectivos en defensa de la universalización de la etapa educativa de 0-3 años, así como las más de 3000 firmas recogidas hasta el momento por tales colectivos. Así mismo, Instamos a la administración regional a que a la mayor brevedad, ya que no lo ha hecho aún, elabore y exponga un plan que, desde el respeto a los puestos de trabajo de las educadoras/es, a los derechos a la educación de nuestros niños y niñas, y a la necesaria información y negociación con los/as trabajadores y el conjunto de la Comunidad Educativa, nos lleve de la situación actual de dispersión discriminatoria e ineficiente entre administraciones locales y regional a una integración en la administración autonómica.
De igual manera, mostramos nuestro total apoyo a los colectivos implicados, así como a todas y todos los trabajadores y exigimos subsanación de esta situación por parte de los organismos y autoridades competentes, así como más transparencia en el proceso, tratando de favorecer la calidad y estabilidad de los y las educadoras cuyo fin último no es otro que el de lograr un sistema educativo más integrado, equitativo y universal.
https://pcasturias.org/wp-content/uploads/2016/08/ciclo-0-3-guarderia_002.jpg563750PCE Asturiashttp://pcasturias.org/wp-content/uploads/2024/12/LOGO_HORIZONTAL_ROJO.pngPCE Asturias2016-08-17 19:11:542016-08-17 19:11:54Ante los recortes del Principado de Asturias en la etapa educativa de 0-3 años
En los últimos días el Señor Montoro sorprendía – o no – a propios y extraños con el envío de una misiva a diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Gijón y el de Mieres, en el que planteaba una propuesta para la liquidación de determinadas empresas públicas municipales, así como fundaciones y organismos dependientes de la gestión pública municipal. cuyo fin no es otro que el de profundizar en la privatización de servicios básicos, la precarización de su personal laboral y la merma en el servicio y encarecimiento del mismo.
En el caso de Gijón, la propuesta enviada desde el Ministerio de Hacienda, por cierto, ocultada por el gobierno local de FORO tanto al resto de partidos de la corporación municipal como a los sindicatos, se concreta en nada menos que cinco entidades públicas. Tres, son entidades públicas municipales, EMTUSA, la empresa municipal de transporte urbano, DIVERTIA, relativa al ámbito cultural de la ciudad y EMVISA, la empresa municipal de vivienda. Las otras dos – entroncadas también en la gestión pública – la Fundación Municipal de Cultural y el Fondo de Capital de Riesgo.
La justificación de este ataque a la gestión pública de servicios básicos para toda la ciudadanía, viene en base al mantra pautado legalmente en la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y al techo de gasto marcado en la reforma del art. 135 de la Constitución. Ante tal revuelo mediático, el Ministerio de Hacienda lanza su cortina de humo, justificando la misiva con que “solo se requiere información” sobre la gestión y liquidez de estas empresas públicas. Cabe decir que, en la propia carta, el Ministerio se desdice recalcando que requiere información relativa a la liquidación de tales empresas.
Esto responde a un claro chantaje al resto de partidos a través de un ajuste de tuercas a las Comunidades autónomas, cuyo fin no es otro que el de presionar para ungir un nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, mientras, de paso, continúan con su programa austericida de enterrar todo viso de iniciativa y labor pública. Una clara muestra de que el “gobierno en funciones” del PP sigue trabajando en vacaciones, no sólo en su intento de apuntalar un nuevo gobierno al son de su bachata veraniega o una posible mayoría absoluta navideña, sino en destrozar, con la connivencia de sus filiales regionales y locales como FORO, todo rastro de servicio público que revierta en un beneficio para la mayoría de la ciudadanía.
Este golpe de efecto, que no responde más que a la praxis de postulados neoliberales en los que se encuentran y entrelazan el gobierno central del PP y el local de FORO, ha de ser el acicate para demostrar la necesidad de comenzar a transformar el municipio, de construir una alternativa de izquierdas al gobierno de FORO en Gijón, que tome medidas políticas y socioeconómicas concretas en la defensa de la iniciativa pública y su función social y el desarrollo de la cultura asociativa democrática y transparente. En definitiva, el tránsito a un modelo por y para las clases populares, con las y los trabajadores; para favorecer a la mayoría social.
https://pcasturias.org/wp-content/uploads/2016/08/Santi.jpg640960PCE Asturiashttp://pcasturias.org/wp-content/uploads/2024/12/LOGO_HORIZONTAL_ROJO.pngPCE Asturias2016-08-17 18:04:252016-08-17 18:04:51"Montoro tiene una carta para ti"
Desde la llegada de Izquierda Unida (IU) a la alcaldía del ayuntamiento de Mieres en mayo de 2011, el déficit de la Empresa Municipal de Transporte (Emutsa) se redujo en torno a un 40%, alcanzando el pasado año el mejor balance de la última década. Un balance especialmente positivo si se tiene en cuenta que durante dicha década Emutsa perdió ese mismo porcentaje de sus viajeros, a consecuencia de la contracción del empleo, ocio y comercio que trajo consigo la crisis económica.
Sin embargo, y con «nocturnidad y alevosía», el ministerio de Cristóbal Montoro pretende imponer a los mierenses el cierre de una empresa pública que presta un servicio tan esencial para toda la ciudadanía de un municipio con población tan dispersa y envejecida como es el transporte público. Un servicio necesario para que todos los vecinos y vecinas puedan acudir a su centro de trabajo, estudio o de salud; pero, sobremanera, para aquellos que no disponen de medios propios para desplazarse, generalmente los más desfavorecidos de la sociedad, la clase trabajadora más precarizada.
Parece que la estrategia del PP es clara: con la excusa de la reducción del gasto público, privatizar servicios municipales. Y sabemos perfectamente que tras toda privatización lo que se encuentra el ciudadano es un encarecimiento y empeoramiento de los servicios de que dispondrán las personas más necesitadas.
No es sorprendente, ciertamente, la medida adoptada por los populares, pues somos conocedores de que para dicho partido «lo público» es prácticamente equivalente a «falta de rentabilidad» y «funcionamiento anquilosado», frente a la «esfera de lo privado», cuya gestión sería más «eficiente» y donde brillaría la armonía espontánea de la «mano invisible» del mercado (dejando de lado, por poner un ejemplo, que, durante 2015, los salarios más bajos cayeron un 25,6 % en España, mientras los de los primeros ejecutivos del IBEX-35 escalaban un 80%).
Bajo la bandera de la necesidad de reducir la deuda de las entidades locales, el Ministerio de Hacienda utiliza la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un instrumento de intervención en los consistorios que bloquea toda autonomía local, reduciendo servicios sociales básicos a puros términos contables y obligando, de facto, a privatizar aquellos que no generan beneficios.
Pero lo que es absolutamente falso, frente a lo que se quiere dar a entender de mala fe, es que los ayuntamientos sean los responsables de la deuda pública en España. De hecho, las entidades locales tienen una contribución más bien mínima a la misma: tan solo un 3,3 %; dándose, además, la circunstancia de ser las únicas administraciones en situación de holgado superávit presupuestario, frente al claro déficit de todas las restantes. Y lo que ya resulta el colmo es constatar cómo buena parte de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país ¡son ciudades que fueron gobernadas por los populares durante más de veinte años!: Madrid, Valencia, Málaga… Prueba indudable de la «eficiencia» de los postulados ideológicos de calle Génova. Ni la deuda pública ni el déficit, por tanto, justifican las medidas «austeritarias» adoptadas por el PP. Como suele ocurrir, pagan justos próximos por lejanos pecadores.
Verdaderamente, es un caso de corrupción ideológica extrema el que a una Ley que obliga a privatizar servicios públicos se la denomine Ley de «Racionalización» y Sostenibilidad Financiera. Y todo ello, insistimos, bajo el pretexto de la rentabilidad económica. Esa es la idea que manejan en el PP de «racionalidad»: dejar a miles de personas dispersas, y de edad avanzada en su mayoría, sin su necesario transporte público. Como también es un ejemplo de una flagrante corrupción intelectual reducir el concepto tecnocrático de déficit al ámbito económico y financiero. El principal problema político no reside en que una empresa pública sea deficitaria. Más bien habría que invertir el planteamiento neoliberal: una sociedad es “deficitaria” cuando deja de prestar servicios públicos y de calidad a sus ciudadanos.
Emutsa es una empresa de transporte que ofrece un servicio irremplazable al que recurren unos 800 mil viajeros al año en nuestro concejo, lo que supone unas 2.100 personas diarias que emplean dicho transporte. Entre ellas: madres, abuelas o estudiantes. Y es que hablamos de personas, no sólo de números. Reflexionemos recurriendo a una analogía: ¿se decide una operación quirúrgica en función del gasto que supone o en relación con las necesidades de supervivencia, salud y bienestar del paciente?
La sanidad, la educación o el transporte no son negocios privados, sino bienes públicos cuyo mantenimiento no puede ceñirse al criterio propio de un contable.
Desde el equipo de gobierno de Mieres ya hemos tomado cartas en el asunto. Un día después de recibir la notificación del Ministerio exigiendo, pese a sus posteriores rectificaciones, la «disolución automática» de la empresa, nuestro alcalde, Aníbal Vázquez, trasladó una primera respuesta al tajante requerimiento señalando los errores constatables en los plazos señalados en el mismo y tratar de paralizar, así, la decisión del PP. También trasladó nuestro alcalde estos hechos a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de coordinar una respuesta institucional y social ante esta última embestida del PP a los servicios públicos municipales. Además, nuestra concejala de Urbanismo, Delia Campomanes, ha reforzado el asesoramiento jurídico a Emutsa en preparación de la batalla legal que de estas circunstancias pudieran derivarse.
Según palabras de David Harvey, vivimos tiempos en que «el capitalismo internaliza prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas» consistentes en la «acumulación por desposesión» de los bienes y servicios públicos que fueron conquistados históricamente por la clase trabajadora; en otros términos, por «la parte de sin los parte». De nuestra lucha contra este «canibalismo político», que nos arranca los pocos derechos que nos quedan, y tanto costó conseguir, depende nuestro futuro.
Desde el gobierno de Mieres, seguiremos dando la batalla para defender el mantenimiento de los servicios municipales. No estamos solos. Contamos con el apoyo de toda una población que se niega a que se pague antes a los bancos que la nómina de los trabajadores, que defiende un sólido sistema de servicios públicos y que, por supuesto, no va a aceptar que nos cierren una Empresa Municipal de Transportes con ya 60 años de brillante historia en favor de los mierenses.
Delia Campomanes
Concejala de Transporte y Urbanismo del Ayuntamiento de Mieres
Juan Ponte
Concejal de Empleo y Cultura del Ayuntamiento de Mieres
El Comité Central del Partido Comunista de Asturias ha aprobado este domingo, día 24 de julio, la creación de una agrupación del Partido en el concejo de Grao.
Tras acordar el ingreso en el partido de varias personas que lo habían solicitado, el máximo órgano de dirección entre congresos, ha dado luz verde a la constitución de la Agrupación Local del PCA en Grao.
Con este importante acuerdo, el PCA recupera su presencia orgánica y social en un territorio que cuenta en su mochila, como en el conjunto de la región, con una marcada trayectoria de lucha, y en el que la izquierda ha tenido históricamente una gran presencia institucional.
Esta nueva agrupación contará con el apoyo de la dirección del PCA para consolidarse, fortalecer su trabajo y lograr éxitos en las luchas laborales, sociales y políticas en el concejo.
Después de dieciséis días de encierro y ante la falta de soluciones del Gobierno a su conflicto, los 4 mineros de la Vasco Leonesa han dado un paso más con el que pretenden llegar “hasta el final y con todas las consecuencias”: han iniciado una huelga de hambre “hasta que aguanten”.
Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garguño permanecen encerrados a 200 metros de profundidad en la planta 975 del pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón. Un encierro que iniciaron el pasado lunes 13 de junio a la espera de que el Ministerio de Industria convocase las ayudas que permitan un cierre ordenado de esta explotación, un pozo condenado a cerrar definitivamente el próximo 31 de julio, con la consecuente extinción de los contratos de los 200 trabajadores de interior, si el Ministerio de Industria no da luz verde a las ayudas aprobadas desde la Comisión Europea.
Un encierro con carácter indefinido, ante la negativa del Gobierno a convocar las ayudas, visto como “el último cartucho ante una crisis sin retorno”. Negativa que dejaría a la totalidad de la plantilla en la calle a partir del 1 de agosto, a pesar de que la administración concursal preveía la contratación de un centenar de trabajadores durante 36 meses, prorrogable en 18, para llevar a cabo las labores de “cierre ordenado” que reclama la plantilla.
El comité de empresa recuerda el caso de nuestra mina La Camocha, que llevó al Gobierno a modificar el real decreto a pesar de que no optaba a las ayudas. Un Consejo de Ministros podría dar luz verde a estas ayudas, es una cuestión de voluntad política, que mantendría al menos una parte de los 250 empleos que se van a perder con el cierre definitivo de la mina. Dado que el Gobierno está en funciones, los trabajadores reclaman medidas excepcionales que permitan la llegada de esa partida.
Para el Partido Comunista de Asturias, es inasumible que se cierren minas locales, cuando cada vez se gasta más carbón por parte de las térmicas. Pero el caso es que se consume menos carbón nacional de lo que se consumía, y ello porque se sustituye por un carbón de importación más barato, que lo es a costa de ser extraído en condiciones de semi-esclavitud en países que no respetan los más mínimos derechos laborales, medioambientales, ni la vida misma de los trabajadores, sean hombres, mujeres e incluso niños, a los que no dudan en sacrificar en los altares de sus tasas de beneficio y de la sacrosanta competitividad.
Que unos trabajadores se tengan que encerrar, poniendo en serio riego sus vidas, para cerrar “bien” sus puestos de trabajo es lo más vergonzoso de todo en esta espiral de despropósito capitalista.
Por ello, desde el PCA, queremos transmitir:
• todo nuestro apoyo a los mineros encerrados, a sus familias y al resto de trabajadores del pozo Aurelio;
• la exigencia de una solución urgente que garantice el empleo al menos durante las labores de cierre de las instalaciones y que permita que los 4 compañeros puedan salir cuanto antes del encierro;
• la exigencia al Instituto del Carbón para que acuerde dotar con los fondos necesarios las labores de clausura de las unidades de producción de interior de La Vasco;
• hacemos responsables a las administraciones nacional y autonómica del deterioro de la salud de los compañeros encerrados en una mina cuya peligrosidad ya quedó patente con el fatal accidente que se llevó la vida de seis compañeros y ahora el empleo de más de 500 trabajadores, así como de la ruina económica de toda la comarca.
Del mismo modo, exigimos para el conjunto del sector de la minería, de sus comarcas y de las miles de familias de la clase trabajadora que de ella dependen en nuestro país:
• el cumplimiento del acuerdo marco 2013-2018;
• la auditoría de los fondos mineros y depuración de responsabilidades, lleguen a donde lleguen;
• la prohibición (o una fuerte carga impositiva en tanto la prohibición no sea legalmente posible) de la importación de carbón, especialmente del carbón “manchado de sangre”;
• la nacionalización de las minas privadas, así como del sector energético;
• la puesta en marcha de un plan de inversión pública para la reindustrialización y diversificación de las comarcas mineras a ejecutar a partir de 2017;
• un plan de inversión en I+D+i que permita un consumo limpio del carbón y pueda asegurar el futuro de este sector estratégico más allá de 2018.
https://pcasturias.org/wp-content/uploads/2016/07/mineros1.jpg440790PCE Asturiashttp://pcasturias.org/wp-content/uploads/2024/12/LOGO_HORIZONTAL_ROJO.pngPCE Asturias2016-07-01 11:33:492016-07-01 11:33:49Solidaridad con los mineros de la Vasco Leonesa
Los medios españoles han vuelto a situar a Venezuela en el primer nivel de relevancia. En un contexto de agresión económica y mediática, el foco sobre este país latinoamericano tiene como objetivo desestabilizar el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro para así continuar la escalada desintegradora de los gobiernos del sur del continente americano. Países que han generado durante estos años un nuevo polo geoestratégico a nivel internacional, libre de la injerencia estadounidense. Para conocer la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela entrevistamos a Julio García Jarpa, Ministro Consejero de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, que ha formado parte del proceso en su país desde el mismo momento en que Chávez en 1992, al rendirse en la insurrección cívico-militar dijo: “por ahora no hemos logrado los objetivos…”.
¿Cuál es la situación de Venezuela?
En primer lugar, hablemos de la Venezuela de verdad que intencionalmente los gigantes de la comunicación social ocultan: la tasa de ocupación y el empleo formal aumentan cada día en detrimento de la economía sumergida; la tasa de paro en nuestra supuesta “dictadura” está en el 6%; el Salario mínimo pasa de 120 bolívares en 1999 a 15.051 Bolivares en la actualidad. Asimismo en el año 99 había 234.000 pensionados, y hoy, con la nueva constitución y los gobiernos chavistas, esa cifra se eleva a más de tres millones de personas, incluidas las amas de casa, que han accedido a la seguridad social y al sistema público de pensiones.
Por otro lado, gracias a las misiones, como por ejemplo la Misión Robinson I, se ha erradicado el analfabetismo, y se ha masificado el ingreso a la educación primaria, secundaria y superior, gratuita y de calidad, en eso hemos invertido, y seguiremos invirtiendo. Venezuela en el 2010 alcanzó los objetivos fijados por la cumbre del milenio del año 2000, y aquí os dejo otro dato: la pobreza se redujo desde nuestra llegada del 22% al 7%. Son apenas uno de tantos datos que les puedo referir, ello, gracias al proceso revolucionario iniciado por Chávez. No son cifras elaboradas por nosostros, son estadísticas oficiales elaboradas, entre otras, por el PNUD, la UNESCO y la CEPAL. Es la manera que la renta llegue a todos, es nuestra concepción socialista de inversión social. Nuestro país es una república profundamente democrática y pacífica, y nuestra misión es refundar la Patria para construir el Socialismo que hemos denominado, el socialismo del siglo XXI.
Hagamos un poco de memoria, ¿Cómo fue la llegada de Chávez al poder?
En el 99 el pueblo elige por amplia mayoría a Hugo Chávez , inmediatamente llama a constituyente para elaborar una Constitución que sería discutida entre todos los sectores sociales con participación popular, para luego ser aprobada en plebiscito. Desde ese instante, han transcurrido 21 procesos electorales, de los cuales, el chavismo ha ganado diecinueve; somos un Estado electoralista, refrendario y plebiscitario, es un ejemplo de la democracia participativa y protagónica transversalizada en nuestra Constitución Bolivariana.
Hugo Chávez dijo que la revolución bolivariana es antiimperialista, ¿de dónde nace esa afirmación?
Chávez desde su adolescencia era admirador de Bolívar y con frecuencia recordaba el pensamiento de ese gigante en sus discursos. Chávez solía repetir la expresión de Bolívar del año 1829, “Los Estados Unidos parecen estar destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, y precisamente, es ese concepto antimperialista que proféticamente exclamo Bolívar, el que alimenta nuestra constitución y nuestra visión de luchar por un mundo multicéntrico y pluripolar. Ese concepto arropa igualmente la estrategia de independencia económica, y para profundizarla era necesario el control soberano de la economía, invirtiendo en nuestro desarrollo económico, aquellos recursos que en el pasado eran extraídos por monopolios financieros internacionales.
¿En que momento considera Usted que se inició la conspiración contra la revolución bolivariana?
Desde el mismo momento en el que aprobamos en la Asamblea Nacional la “ley de hidrocarburos” en el año 2000, que eliminaba privilegios de las empresas norteamericanas. Desde ese momento las ganancias del petróleo se quedarían en el país para poder invertirlo en lo social. En esa misma época aprobamos la ley de tierras que se enfrentaba a los latifundistas. La aplicación de esas dos leyes generaron las condiciones para el golpe de estado perpetrado por la patronal con apoyo de la CIA. Contaron igualmente con apoyo de Generales formados en el antiguo régimen, traidores a la doctrina bolivariana. Tras 48 horas de incertidumbre, fue la reacción del pueblo saliendo a la calle, la que salvó la democracia y retornó a Chávez al palacio presidencial de Miraflores; fui testigo presencial de todos los acontecimientos, nos tocó estar en una tarima, a los Diputados de la época, e instalarnos frente al palacio de Gobierno para explicarle al pueblo concentrado en el lugar, los intentos del fascismo de derrocar al Gobierno democrático del Comandante Chávez.
¿La bajada del precio del petróleo perjudica a Venezuela?
Por supuesto, durante décadas el FMI y el BM trazaron estrategias para convertirnos en suministradores de materias primas, en nuestro caso petróleo, bauxita, hierro, aluminio y otros minerales, sometiéndonos a un sistema neoliberal globalizado que determinaba nuestra política económica. Cuando hemos nacionalizado el petróleo, inmediatamente han trazado un plan de sabotaje a nuestra economía; ellos maniobran y para ahogarnos bajan los precios del petróleo y de ahí que nuestros ingresos hayan bajado en más de un 65%. Los Estados Unidos incluso están utilizando el sistema del “fracking” para extraer petróleo en otros lugares del mundo, que es un sistema que daña la corteza terrestre y es muy destructivo. Estos poderes neoliberales cargan contra Venezuela y Rusia porque saben que con nuestros recursos petroleros, a través del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), se apoya el desarrollo en países del Caribe y del sur de América. A pesar del bloqueo económico, no hemos desmantelado nuestra inversión social ni hemos aplicado ningún recorte en salarios o puestos de trabajo.
Con la guerra económica sobre el país, ¿qué vías estáis explorando para incentivar la economía?
Nuestro objetivo es lograr pasar de una economía rentista a una economía productiva. No podemos depender únicamente de la renta del petróleo, por ello estamos impulsando el proyecto de los 15 motores productivos, con el trabajo de empresarios públicos y privados, y el fomento de una economía socio-productiva dirigida por el Poder Popular bajo la supervisión del Consejo Nacional de Economía.
Entonces hay posibilidades de desarrollo productivo y por tanto económico en el país ¿Cuáles son esos 14 motores?
Hay grandes potencialidades sin duda. En primer lugar, el motor agroalimentario, a través del cual, debemos impulsar la soberanía alimentaria, desarrollando las zonas rurales y la agricultura urbana que nos va a permitir exportar otros productos. Otro motor es el farmacéutico, orientado a la producción propia de medicamentos frente a las grandes multinacionales que controlan el sector. El tercer motor sería la industria, para potenciar así el sector del automóvil o la metalurgia. También estarían los motores de la exportación de productos no tradicionales, la petroquímica, el sector forestal o maderero, la economía comunal, la construcción, el turismo, los hidrocarburos, la industria militar, las telecomunicaciones o la banca. Pero, sin duda, uno de los más relevantes es el motor octavo, destinado a la minería, en el que pretendemos combinar desarrollo con conciencia ecológica, pero que estamos empezando a trabajar en él ya que en el sur del país tenemos una gran reserva de oro, diamantes y coltán, entre otros minerales. Todo esto significa la independencia nacional, nuestra soberanía y un futuro mejor para nuestro país. Pero la oposición no quiere trabajar en este desarrollo productivo, no participan en las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía, no les interesa.
Desmontemos algunos mitos. El primero de ellos, ¿es cierto que le regaláis el petróleo a Cuba?
No es cierto. Con Cuba, como con otros países, existen convenios de colaboración. Lo que hacen es pagarnos una parte con dinero y otra parte con servicios e intercambio de productos. Gracias a Cuba hemos podido desarrollar “Barrio Adentro” un proyecto en el que contamos con muchos médicos cubanos en el país que llegan a las casas de la gente para desarrollar la atención médica necesaria. También nos han ayudado y asesorado en asuntos científicos, culturales o deportivos.
Y respecto a la vivienda, ¿qué habéis logrado?
En mi país los desahucios están prohibidos por mandato constitucional y así lo hacemos cumplir. Con la Gran Misión Vivienda hemos construido y dado más de 1.200.000 viviendas a la gente con un criterio no mercantilista. Cada cual paga lo que puede en función a su salario y de no tenerlo, se le entrega sin ningún costo. En 2018 habremos logrado que todas las personas tengan casa.
Parte de la oposición venezolana últimamente viaja mucho a España, ¿A qué se debe?
Viajan por el mundo financiados por ONG´s que responden a intereses imperialistas de otras potencias. A la oposición en Venezuela no le interesa que el país funcione, sino participarían en el trabajo que se está haciendo por sacar el país hacia delante; ellos quieren una situación de caos y para ello utilizan los medios de comunicación y este tipo de viajes para vender su propaganda política.
Entonces, ¿no es cierto que haya líderes de la oposición como Leopoldo López encarcelado como preso político?
En mi país hay completa libertad de expresión. Los medios de comunicación en su mayoría son privados y no se cierran, como también se ha dicho, y si no ya pudimos ver a Albert Rivera rodeado de micrófonos a su llegada a Caracas. Por tanto, es obvio que si alguien está en la cárcel no es por expresar sus ideas. Leopoldo López está en la cárcel por ser responsable de 43 muertes en las “guarimbas”, protestas violentas en las que la oposición cerraba calles con barricadas y luego disparaban con francotiradores desde los tejados. Esa es la realidad. Pensemos donde estarían los responsables de este tipo de acciones en cualquier país del mundo.
Ahora piden un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro y dicen que él no quiere someterse al mismo, ¿qué hay de cierto?
Primero hay que dejar claro que la figura del referéndum revocatorio la incorporamos nosotros en la Constitución Bolivariana. La promovimos y la defendimos, incluso el propio Chávez se sometió a ella en 2004 y resultó ratificado. Lo único que se exige en esta ocasión, como en cualquier otra, es que se cumpla la normativa. En primer lugar, que se cumplan los plazos, y en segundo lugar que se compruebe la autenticidad de las firmas, porque en el proceso de 2004 un 30% de las firmas recogidas eran fraudulentas, con copias, falsificación de identidades e incluso firmas de personas fallecidas. Si se cumplen los plazos y obtienen el mínimo necesario de firmas, haremos cumplir la Constitución y se celebrará el referéndum revocatorio.
Otro asunto del que también se habla es de un supuesto desabastecimiento de productos de primera necesidad, ¿estamos ante una crisis humanitaria en Venezuela?
Evidentemente no hay una crisis humanitaria, ahí es a donde nos quieren llevar quienes generan ese desabastecimiento en algunas partes del país y poder justificar con ello una intervención militar hacia Venezuela. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ha dicho que si hay “crisis humanitaria” se aprobaría una intervención militar sobre el país. Por eso quieren preparar el terreno, orquestar y generar desde la asamblea nacional, controlada ahora mismo por la oposición, un clima de anarquía interna y un mensaje internacional de crisis humanitaria, con acciones como la que se pudo ver en Madrid de recogida de alimentos y medicamentos. La guerra psicológica, intentando conformar una supuesta realidad inexistente, y el sabotaje a la economía del país, están servidas. Hace unos días el periódico ABC censuraba las declaraciones de un empresario Vasco que vive en Caracas y mostraba en imágenes que los supermercados de las clases más pudientes están repletos de alimentos. Es en aquellas zonas más humildes donde se está articulando, por parte de los empresarios, un desabastecimiento organizado y controlado para construir esa imagen de caos, y agotar así la paciencia de la gente.
Además de investigar estás prácticas que concluyen en el desabastecimiento, ¿qué otras medidas se están implementando por parte del Gobierno bolivariano?
Estamos creando unas estructuras nuevas que se llaman Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). Son organizaciones comunitarias y populares, integradas por los vecinos y vecinas, que junto al Ministerio de alimentación tienen por objetivo principal la distribución, casa por casa, de los productos alimenticios de primera necesidad. El fin último de los CLAP es proteger al pueblo a partir de un sistema de distribución justo que permita combatir los efectos de la guerra económica llevada a cabo por la oposición. No solamente asumen tareas de distribución de alimentos, sino que también velan por el adecuado uso de los recursos que el estado destina a la población, así como vigilar y denunciar la especulación, el acaparamiento y el contrabando, conformándose como una auténtica herramienta de poder popular.
https://pcasturias.org/wp-content/uploads/2016/06/13346432_1162626953787876_7307905114729805830_n-1-e1466164894489.jpg583960PCE Asturiashttp://pcasturias.org/wp-content/uploads/2024/12/LOGO_HORIZONTAL_ROJO.pngPCE Asturias2016-06-17 13:02:062016-06-17 14:57:13García Jarpa: “En mi país hay completa libertad de expresión”
Ante los recortes del Principado de Asturias en la etapa educativa de 0-3 años
Desde el Partido Comunista de Asturias, mostramos nuestro total desacuerdo con los planes inmediatos y la manera del proceder del Gobierno del Principado de Asturias en relación a los recortes planteados en la etapa 0-3 años. Un día más, nos despertamos con la noticia de que la Consejería de Educación del Principado continua enviado cartas de despido a las y los trabajadores a pesar del compromiso adquirido por parte del Gobierno regional de frenar y revertir tal situación, gracias, tanto a la presión ejercida desde IU Asturias, como desde los distintos colectivos y asociaciones como AEIPA, que pelean por mantener y mejorar la calidad educativa en esta importante etapa para el desarrollo de niños y niñas.
La actuación del Gobierno del Principado supone, no solo contravenir los acuerdos alcanzados en materia de investidura con IU Asturias, sino también ese compromiso adquirido con los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, así como las condiciones mínimas para el desempeño de su función docente, máxime cuando los datos que ofrecen éstos, reconocen un aumento en el número de matrículas para esta etapa, que acaban no pudiendo cubrirse con la oferta pública, algo claramente visible dada la existencia de listas de espera.
Desde el PCA, urgimos al Gobierno del Principado de Asturias a que cumpla con el compromiso adquirido con Izquierda Unida de mantener tanto unidades como personal en esta importante etapa educativa, así como tenga en cuenta la opinión y consejos que ofrecen los distintos colectivos en defensa de la universalización de la etapa educativa de 0-3 años, así como las más de 3000 firmas recogidas hasta el momento por tales colectivos. Así mismo, Instamos a la administración regional a que a la mayor brevedad, ya que no lo ha hecho aún, elabore y exponga un plan que, desde el respeto a los puestos de trabajo de las educadoras/es, a los derechos a la educación de nuestros niños y niñas, y a la necesaria información y negociación con los/as trabajadores y el conjunto de la Comunidad Educativa, nos lleve de la situación actual de dispersión discriminatoria e ineficiente entre administraciones locales y regional a una integración en la administración autonómica.
De igual manera, mostramos nuestro total apoyo a los colectivos implicados, así como a todas y todos los trabajadores y exigimos subsanación de esta situación por parte de los organismos y autoridades competentes, así como más transparencia en el proceso, tratando de favorecer la calidad y estabilidad de los y las educadoras cuyo fin último no es otro que el de lograr un sistema educativo más integrado, equitativo y universal.
“Montoro tiene una carta para ti”
En los últimos días el Señor Montoro sorprendía – o no – a propios y extraños con el envío de una misiva a diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Gijón y el de Mieres, en el que planteaba una propuesta para la liquidación de determinadas empresas públicas municipales, así como fundaciones y organismos dependientes de la gestión pública municipal. cuyo fin no es otro que el de profundizar en la privatización de servicios básicos, la precarización de su personal laboral y la merma en el servicio y encarecimiento del mismo.
En el caso de Gijón, la propuesta enviada desde el Ministerio de Hacienda, por cierto, ocultada por el gobierno local de FORO tanto al resto de partidos de la corporación municipal como a los sindicatos, se concreta en nada menos que cinco entidades públicas. Tres, son entidades públicas municipales, EMTUSA, la empresa municipal de transporte urbano, DIVERTIA, relativa al ámbito cultural de la ciudad y EMVISA, la empresa municipal de vivienda. Las otras dos – entroncadas también en la gestión pública – la Fundación Municipal de Cultural y el Fondo de Capital de Riesgo.
La justificación de este ataque a la gestión pública de servicios básicos para toda la ciudadanía, viene en base al mantra pautado legalmente en la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y al techo de gasto marcado en la reforma del art. 135 de la Constitución. Ante tal revuelo mediático, el Ministerio de Hacienda lanza su cortina de humo, justificando la misiva con que “solo se requiere información” sobre la gestión y liquidez de estas empresas públicas. Cabe decir que, en la propia carta, el Ministerio se desdice recalcando que requiere información relativa a la liquidación de tales empresas.
Esto responde a un claro chantaje al resto de partidos a través de un ajuste de tuercas a las Comunidades autónomas, cuyo fin no es otro que el de presionar para ungir un nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, mientras, de paso, continúan con su programa austericida de enterrar todo viso de iniciativa y labor pública. Una clara muestra de que el “gobierno en funciones” del PP sigue trabajando en vacaciones, no sólo en su intento de apuntalar un nuevo gobierno al son de su bachata veraniega o una posible mayoría absoluta navideña, sino en destrozar, con la connivencia de sus filiales regionales y locales como FORO, todo rastro de servicio público que revierta en un beneficio para la mayoría de la ciudadanía.
Este golpe de efecto, que no responde más que a la praxis de postulados neoliberales en los que se encuentran y entrelazan el gobierno central del PP y el local de FORO, ha de ser el acicate para demostrar la necesidad de comenzar a transformar el municipio, de construir una alternativa de izquierdas al gobierno de FORO en Gijón, que tome medidas políticas y socioeconómicas concretas en la defensa de la iniciativa pública y su función social y el desarrollo de la cultura asociativa democrática y transparente. En definitiva, el tránsito a un modelo por y para las clases populares, con las y los trabajadores; para favorecer a la mayoría social.
David Santirso Ruiz
Secretario Político del PCA en Gijón
MUNICIPALISMO VS CANIBALISMO
Desde la llegada de Izquierda Unida (IU) a la alcaldía del ayuntamiento de Mieres en mayo de 2011, el déficit de la Empresa Municipal de Transporte (Emutsa) se redujo en torno a un 40%, alcanzando el pasado año el mejor balance de la última década. Un balance especialmente positivo si se tiene en cuenta que durante dicha década Emutsa perdió ese mismo porcentaje de sus viajeros, a consecuencia de la contracción del empleo, ocio y comercio que trajo consigo la crisis económica.
Sin embargo, y con «nocturnidad y alevosía», el ministerio de Cristóbal Montoro pretende imponer a los mierenses el cierre de una empresa pública que presta un servicio tan esencial para toda la ciudadanía de un municipio con población tan dispersa y envejecida como es el transporte público. Un servicio necesario para que todos los vecinos y vecinas puedan acudir a su centro de trabajo, estudio o de salud; pero, sobremanera, para aquellos que no disponen de medios propios para desplazarse, generalmente los más desfavorecidos de la sociedad, la clase trabajadora más precarizada.
Parece que la estrategia del PP es clara: con la excusa de la reducción del gasto público, privatizar servicios municipales. Y sabemos perfectamente que tras toda privatización lo que se encuentra el ciudadano es un encarecimiento y empeoramiento de los servicios de que dispondrán las personas más necesitadas.
No es sorprendente, ciertamente, la medida adoptada por los populares, pues somos conocedores de que para dicho partido «lo público» es prácticamente equivalente a «falta de rentabilidad» y «funcionamiento anquilosado», frente a la «esfera de lo privado», cuya gestión sería más «eficiente» y donde brillaría la armonía espontánea de la «mano invisible» del mercado (dejando de lado, por poner un ejemplo, que, durante 2015, los salarios más bajos cayeron un 25,6 % en España, mientras los de los primeros ejecutivos del IBEX-35 escalaban un 80%).
Bajo la bandera de la necesidad de reducir la deuda de las entidades locales, el Ministerio de Hacienda utiliza la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un instrumento de intervención en los consistorios que bloquea toda autonomía local, reduciendo servicios sociales básicos a puros términos contables y obligando, de facto, a privatizar aquellos que no generan beneficios.
Pero lo que es absolutamente falso, frente a lo que se quiere dar a entender de mala fe, es que los ayuntamientos sean los responsables de la deuda pública en España. De hecho, las entidades locales tienen una contribución más bien mínima a la misma: tan solo un 3,3 %; dándose, además, la circunstancia de ser las únicas administraciones en situación de holgado superávit presupuestario, frente al claro déficit de todas las restantes. Y lo que ya resulta el colmo es constatar cómo buena parte de los ayuntamientos más endeudados de nuestro país ¡son ciudades que fueron gobernadas por los populares durante más de veinte años!: Madrid, Valencia, Málaga… Prueba indudable de la «eficiencia» de los postulados ideológicos de calle Génova. Ni la deuda pública ni el déficit, por tanto, justifican las medidas «austeritarias» adoptadas por el PP. Como suele ocurrir, pagan justos próximos por lejanos pecadores.
Verdaderamente, es un caso de corrupción ideológica extrema el que a una Ley que obliga a privatizar servicios públicos se la denomine Ley de «Racionalización» y Sostenibilidad Financiera. Y todo ello, insistimos, bajo el pretexto de la rentabilidad económica. Esa es la idea que manejan en el PP de «racionalidad»: dejar a miles de personas dispersas, y de edad avanzada en su mayoría, sin su necesario transporte público. Como también es un ejemplo de una flagrante corrupción intelectual reducir el concepto tecnocrático de déficit al ámbito económico y financiero. El principal problema político no reside en que una empresa pública sea deficitaria. Más bien habría que invertir el planteamiento neoliberal: una sociedad es “deficitaria” cuando deja de prestar servicios públicos y de calidad a sus ciudadanos.
Emutsa es una empresa de transporte que ofrece un servicio irremplazable al que recurren unos 800 mil viajeros al año en nuestro concejo, lo que supone unas 2.100 personas diarias que emplean dicho transporte. Entre ellas: madres, abuelas o estudiantes. Y es que hablamos de personas, no sólo de números. Reflexionemos recurriendo a una analogía: ¿se decide una operación quirúrgica en función del gasto que supone o en relación con las necesidades de supervivencia, salud y bienestar del paciente?
La sanidad, la educación o el transporte no son negocios privados, sino bienes públicos cuyo mantenimiento no puede ceñirse al criterio propio de un contable.
Desde el equipo de gobierno de Mieres ya hemos tomado cartas en el asunto. Un día después de recibir la notificación del Ministerio exigiendo, pese a sus posteriores rectificaciones, la «disolución automática» de la empresa, nuestro alcalde, Aníbal Vázquez, trasladó una primera respuesta al tajante requerimiento señalando los errores constatables en los plazos señalados en el mismo y tratar de paralizar, así, la decisión del PP. También trasladó nuestro alcalde estos hechos a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de coordinar una respuesta institucional y social ante esta última embestida del PP a los servicios públicos municipales. Además, nuestra concejala de Urbanismo, Delia Campomanes, ha reforzado el asesoramiento jurídico a Emutsa en preparación de la batalla legal que de estas circunstancias pudieran derivarse.
Según palabras de David Harvey, vivimos tiempos en que «el capitalismo internaliza prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas» consistentes en la «acumulación por desposesión» de los bienes y servicios públicos que fueron conquistados históricamente por la clase trabajadora; en otros términos, por «la parte de sin los parte». De nuestra lucha contra este «canibalismo político», que nos arranca los pocos derechos que nos quedan, y tanto costó conseguir, depende nuestro futuro.
Desde el gobierno de Mieres, seguiremos dando la batalla para defender el mantenimiento de los servicios municipales. No estamos solos. Contamos con el apoyo de toda una población que se niega a que se pague antes a los bancos que la nómina de los trabajadores, que defiende un sólido sistema de servicios públicos y que, por supuesto, no va a aceptar que nos cierren una Empresa Municipal de Transportes con ya 60 años de brillante historia en favor de los mierenses.
Delia Campomanes
Concejala de Transporte y Urbanismo del Ayuntamiento de Mieres
Juan Ponte
Concejal de Empleo y Cultura del Ayuntamiento de Mieres
El PCA recupera su Agrupación en Grao
El Comité Central del Partido Comunista de Asturias ha aprobado este domingo, día 24 de julio, la creación de una agrupación del Partido en el concejo de Grao.
Tras acordar el ingreso en el partido de varias personas que lo habían solicitado, el máximo órgano de dirección entre congresos, ha dado luz verde a la constitución de la Agrupación Local del PCA en Grao.
Con este importante acuerdo, el PCA recupera su presencia orgánica y social en un territorio que cuenta en su mochila, como en el conjunto de la región, con una marcada trayectoria de lucha, y en el que la izquierda ha tenido históricamente una gran presencia institucional.
Esta nueva agrupación contará con el apoyo de la dirección del PCA para consolidarse, fortalecer su trabajo y lograr éxitos en las luchas laborales, sociales y políticas en el concejo.
Seguimos creciendo, seguimos avanzando.
¡Porque fueron somos, porque somos serán!
¡Viva el Partido Comunista de Asturias!
Solidaridad con los mineros de la Vasco Leonesa
Después de dieciséis días de encierro y ante la falta de soluciones del Gobierno a su conflicto, los 4 mineros de la Vasco Leonesa han dado un paso más con el que pretenden llegar “hasta el final y con todas las consecuencias”: han iniciado una huelga de hambre “hasta que aguanten”.
Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garguño permanecen encerrados a 200 metros de profundidad en la planta 975 del pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón. Un encierro que iniciaron el pasado lunes 13 de junio a la espera de que el Ministerio de Industria convocase las ayudas que permitan un cierre ordenado de esta explotación, un pozo condenado a cerrar definitivamente el próximo 31 de julio, con la consecuente extinción de los contratos de los 200 trabajadores de interior, si el Ministerio de Industria no da luz verde a las ayudas aprobadas desde la Comisión Europea.
Un encierro con carácter indefinido, ante la negativa del Gobierno a convocar las ayudas, visto como “el último cartucho ante una crisis sin retorno”. Negativa que dejaría a la totalidad de la plantilla en la calle a partir del 1 de agosto, a pesar de que la administración concursal preveía la contratación de un centenar de trabajadores durante 36 meses, prorrogable en 18, para llevar a cabo las labores de “cierre ordenado” que reclama la plantilla.
El comité de empresa recuerda el caso de nuestra mina La Camocha, que llevó al Gobierno a modificar el real decreto a pesar de que no optaba a las ayudas. Un Consejo de Ministros podría dar luz verde a estas ayudas, es una cuestión de voluntad política, que mantendría al menos una parte de los 250 empleos que se van a perder con el cierre definitivo de la mina. Dado que el Gobierno está en funciones, los trabajadores reclaman medidas excepcionales que permitan la llegada de esa partida.
Para el Partido Comunista de Asturias, es inasumible que se cierren minas locales, cuando cada vez se gasta más carbón por parte de las térmicas. Pero el caso es que se consume menos carbón nacional de lo que se consumía, y ello porque se sustituye por un carbón de importación más barato, que lo es a costa de ser extraído en condiciones de semi-esclavitud en países que no respetan los más mínimos derechos laborales, medioambientales, ni la vida misma de los trabajadores, sean hombres, mujeres e incluso niños, a los que no dudan en sacrificar en los altares de sus tasas de beneficio y de la sacrosanta competitividad.
Que unos trabajadores se tengan que encerrar, poniendo en serio riego sus vidas, para cerrar “bien” sus puestos de trabajo es lo más vergonzoso de todo en esta espiral de despropósito capitalista.
Por ello, desde el PCA, queremos transmitir:
• todo nuestro apoyo a los mineros encerrados, a sus familias y al resto de trabajadores del pozo Aurelio;
• la exigencia de una solución urgente que garantice el empleo al menos durante las labores de cierre de las instalaciones y que permita que los 4 compañeros puedan salir cuanto antes del encierro;
• la exigencia al Instituto del Carbón para que acuerde dotar con los fondos necesarios las labores de clausura de las unidades de producción de interior de La Vasco;
• hacemos responsables a las administraciones nacional y autonómica del deterioro de la salud de los compañeros encerrados en una mina cuya peligrosidad ya quedó patente con el fatal accidente que se llevó la vida de seis compañeros y ahora el empleo de más de 500 trabajadores, así como de la ruina económica de toda la comarca.
Del mismo modo, exigimos para el conjunto del sector de la minería, de sus comarcas y de las miles de familias de la clase trabajadora que de ella dependen en nuestro país:
• el cumplimiento del acuerdo marco 2013-2018;
• la auditoría de los fondos mineros y depuración de responsabilidades, lleguen a donde lleguen;
• la prohibición (o una fuerte carga impositiva en tanto la prohibición no sea legalmente posible) de la importación de carbón, especialmente del carbón “manchado de sangre”;
• la nacionalización de las minas privadas, así como del sector energético;
• la puesta en marcha de un plan de inversión pública para la reindustrialización y diversificación de las comarcas mineras a ejecutar a partir de 2017;
• un plan de inversión en I+D+i que permita un consumo limpio del carbón y pueda asegurar el futuro de este sector estratégico más allá de 2018.
García Jarpa: “En mi país hay completa libertad de expresión”
Los medios españoles han vuelto a situar a Venezuela en el primer nivel de relevancia. En un contexto de agresión económica y mediática, el foco sobre este país latinoamericano tiene como objetivo desestabilizar el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro para así continuar la escalada desintegradora de los gobiernos del sur del continente americano. Países que han generado durante estos años un nuevo polo geoestratégico a nivel internacional, libre de la injerencia estadounidense. Para conocer la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela entrevistamos a Julio García Jarpa, Ministro Consejero de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, que ha formado parte del proceso en su país desde el mismo momento en que Chávez en 1992, al rendirse en la insurrección cívico-militar dijo: “por ahora no hemos logrado los objetivos…”.
¿Cuál es la situación de Venezuela?
En primer lugar, hablemos de la Venezuela de verdad que intencionalmente los gigantes de la comunicación social ocultan: la tasa de ocupación y el empleo formal aumentan cada día en detrimento de la economía sumergida; la tasa de paro en nuestra supuesta “dictadura” está en el 6%; el Salario mínimo pasa de 120 bolívares en 1999 a 15.051 Bolivares en la actualidad. Asimismo en el año 99 había 234.000 pensionados, y hoy, con la nueva constitución y los gobiernos chavistas, esa cifra se eleva a más de tres millones de personas, incluidas las amas de casa, que han accedido a la seguridad social y al sistema público de pensiones.
Por otro lado, gracias a las misiones, como por ejemplo la Misión Robinson I, se ha erradicado el analfabetismo, y se ha masificado el ingreso a la educación primaria, secundaria y superior, gratuita y de calidad, en eso hemos invertido, y seguiremos invirtiendo. Venezuela en el 2010 alcanzó los objetivos fijados por la cumbre del milenio del año 2000, y aquí os dejo otro dato: la pobreza se redujo desde nuestra llegada del 22% al 7%. Son apenas uno de tantos datos que les puedo referir, ello, gracias al proceso revolucionario iniciado por Chávez. No son cifras elaboradas por nosostros, son estadísticas oficiales elaboradas, entre otras, por el PNUD, la UNESCO y la CEPAL. Es la manera que la renta llegue a todos, es nuestra concepción socialista de inversión social. Nuestro país es una república profundamente democrática y pacífica, y nuestra misión es refundar la Patria para construir el Socialismo que hemos denominado, el socialismo del siglo XXI.
Hagamos un poco de memoria, ¿Cómo fue la llegada de Chávez al poder?
En el 99 el pueblo elige por amplia mayoría a Hugo Chávez , inmediatamente llama a constituyente para elaborar una Constitución que sería discutida entre todos los sectores sociales con participación popular, para luego ser aprobada en plebiscito. Desde ese instante, han transcurrido 21 procesos electorales, de los cuales, el chavismo ha ganado diecinueve; somos un Estado electoralista, refrendario y plebiscitario, es un ejemplo de la democracia participativa y protagónica transversalizada en nuestra Constitución Bolivariana.
Hugo Chávez dijo que la revolución bolivariana es antiimperialista, ¿de dónde nace esa afirmación?
Chávez desde su adolescencia era admirador de Bolívar y con frecuencia recordaba el pensamiento de ese gigante en sus discursos. Chávez solía repetir la expresión de Bolívar del año 1829, “Los Estados Unidos parecen estar destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, y precisamente, es ese concepto antimperialista que proféticamente exclamo Bolívar, el que alimenta nuestra constitución y nuestra visión de luchar por un mundo multicéntrico y pluripolar. Ese concepto arropa igualmente la estrategia de independencia económica, y para profundizarla era necesario el control soberano de la economía, invirtiendo en nuestro desarrollo económico, aquellos recursos que en el pasado eran extraídos por monopolios financieros internacionales.
¿En que momento considera Usted que se inició la conspiración contra la revolución bolivariana?
Desde el mismo momento en el que aprobamos en la Asamblea Nacional la “ley de hidrocarburos” en el año 2000, que eliminaba privilegios de las empresas norteamericanas. Desde ese momento las ganancias del petróleo se quedarían en el país para poder invertirlo en lo social. En esa misma época aprobamos la ley de tierras que se enfrentaba a los latifundistas. La aplicación de esas dos leyes generaron las condiciones para el golpe de estado perpetrado por la patronal con apoyo de la CIA. Contaron igualmente con apoyo de Generales formados en el antiguo régimen, traidores a la doctrina bolivariana. Tras 48 horas de incertidumbre, fue la reacción del pueblo saliendo a la calle, la que salvó la democracia y retornó a Chávez al palacio presidencial de Miraflores; fui testigo presencial de todos los acontecimientos, nos tocó estar en una tarima, a los Diputados de la época, e instalarnos frente al palacio de Gobierno para explicarle al pueblo concentrado en el lugar, los intentos del fascismo de derrocar al Gobierno democrático del Comandante Chávez.
¿La bajada del precio del petróleo perjudica a Venezuela?
Por supuesto, durante décadas el FMI y el BM trazaron estrategias para convertirnos en suministradores de materias primas, en nuestro caso petróleo, bauxita, hierro, aluminio y otros minerales, sometiéndonos a un sistema neoliberal globalizado que determinaba nuestra política económica. Cuando hemos nacionalizado el petróleo, inmediatamente han trazado un plan de sabotaje a nuestra economía; ellos maniobran y para ahogarnos bajan los precios del petróleo y de ahí que nuestros ingresos hayan bajado en más de un 65%. Los Estados Unidos incluso están utilizando el sistema del “fracking” para extraer petróleo en otros lugares del mundo, que es un sistema que daña la corteza terrestre y es muy destructivo. Estos poderes neoliberales cargan contra Venezuela y Rusia porque saben que con nuestros recursos petroleros, a través del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), se apoya el desarrollo en países del Caribe y del sur de América. A pesar del bloqueo económico, no hemos desmantelado nuestra inversión social ni hemos aplicado ningún recorte en salarios o puestos de trabajo.
Con la guerra económica sobre el país, ¿qué vías estáis explorando para incentivar la economía?
Nuestro objetivo es lograr pasar de una economía rentista a una economía productiva. No podemos depender únicamente de la renta del petróleo, por ello estamos impulsando el proyecto de los 15 motores productivos, con el trabajo de empresarios públicos y privados, y el fomento de una economía socio-productiva dirigida por el Poder Popular bajo la supervisión del Consejo Nacional de Economía.
Entonces hay posibilidades de desarrollo productivo y por tanto económico en el país ¿Cuáles son esos 14 motores?
Hay grandes potencialidades sin duda. En primer lugar, el motor agroalimentario, a través del cual, debemos impulsar la soberanía alimentaria, desarrollando las zonas rurales y la agricultura urbana que nos va a permitir exportar otros productos. Otro motor es el farmacéutico, orientado a la producción propia de medicamentos frente a las grandes multinacionales que controlan el sector. El tercer motor sería la industria, para potenciar así el sector del automóvil o la metalurgia. También estarían los motores de la exportación de productos no tradicionales, la petroquímica, el sector forestal o maderero, la economía comunal, la construcción, el turismo, los hidrocarburos, la industria militar, las telecomunicaciones o la banca. Pero, sin duda, uno de los más relevantes es el motor octavo, destinado a la minería, en el que pretendemos combinar desarrollo con conciencia ecológica, pero que estamos empezando a trabajar en él ya que en el sur del país tenemos una gran reserva de oro, diamantes y coltán, entre otros minerales. Todo esto significa la independencia nacional, nuestra soberanía y un futuro mejor para nuestro país. Pero la oposición no quiere trabajar en este desarrollo productivo, no participan en las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía, no les interesa.
Desmontemos algunos mitos. El primero de ellos, ¿es cierto que le regaláis el petróleo a Cuba?
No es cierto. Con Cuba, como con otros países, existen convenios de colaboración. Lo que hacen es pagarnos una parte con dinero y otra parte con servicios e intercambio de productos. Gracias a Cuba hemos podido desarrollar “Barrio Adentro” un proyecto en el que contamos con muchos médicos cubanos en el país que llegan a las casas de la gente para desarrollar la atención médica necesaria. También nos han ayudado y asesorado en asuntos científicos, culturales o deportivos.
Y respecto a la vivienda, ¿qué habéis logrado?
En mi país los desahucios están prohibidos por mandato constitucional y así lo hacemos cumplir. Con la Gran Misión Vivienda hemos construido y dado más de 1.200.000 viviendas a la gente con un criterio no mercantilista. Cada cual paga lo que puede en función a su salario y de no tenerlo, se le entrega sin ningún costo. En 2018 habremos logrado que todas las personas tengan casa.
Parte de la oposición venezolana últimamente viaja mucho a España, ¿A qué se debe?
Viajan por el mundo financiados por ONG´s que responden a intereses imperialistas de otras potencias. A la oposición en Venezuela no le interesa que el país funcione, sino participarían en el trabajo que se está haciendo por sacar el país hacia delante; ellos quieren una situación de caos y para ello utilizan los medios de comunicación y este tipo de viajes para vender su propaganda política.
Entonces, ¿no es cierto que haya líderes de la oposición como Leopoldo López encarcelado como preso político?
En mi país hay completa libertad de expresión. Los medios de comunicación en su mayoría son privados y no se cierran, como también se ha dicho, y si no ya pudimos ver a Albert Rivera rodeado de micrófonos a su llegada a Caracas. Por tanto, es obvio que si alguien está en la cárcel no es por expresar sus ideas. Leopoldo López está en la cárcel por ser responsable de 43 muertes en las “guarimbas”, protestas violentas en las que la oposición cerraba calles con barricadas y luego disparaban con francotiradores desde los tejados. Esa es la realidad. Pensemos donde estarían los responsables de este tipo de acciones en cualquier país del mundo.
Ahora piden un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro y dicen que él no quiere someterse al mismo, ¿qué hay de cierto?
Primero hay que dejar claro que la figura del referéndum revocatorio la incorporamos nosotros en la Constitución Bolivariana. La promovimos y la defendimos, incluso el propio Chávez se sometió a ella en 2004 y resultó ratificado. Lo único que se exige en esta ocasión, como en cualquier otra, es que se cumpla la normativa. En primer lugar, que se cumplan los plazos, y en segundo lugar que se compruebe la autenticidad de las firmas, porque en el proceso de 2004 un 30% de las firmas recogidas eran fraudulentas, con copias, falsificación de identidades e incluso firmas de personas fallecidas. Si se cumplen los plazos y obtienen el mínimo necesario de firmas, haremos cumplir la Constitución y se celebrará el referéndum revocatorio.
Otro asunto del que también se habla es de un supuesto desabastecimiento de productos de primera necesidad, ¿estamos ante una crisis humanitaria en Venezuela?
Evidentemente no hay una crisis humanitaria, ahí es a donde nos quieren llevar quienes generan ese desabastecimiento en algunas partes del país y poder justificar con ello una intervención militar hacia Venezuela. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ha dicho que si hay “crisis humanitaria” se aprobaría una intervención militar sobre el país. Por eso quieren preparar el terreno, orquestar y generar desde la asamblea nacional, controlada ahora mismo por la oposición, un clima de anarquía interna y un mensaje internacional de crisis humanitaria, con acciones como la que se pudo ver en Madrid de recogida de alimentos y medicamentos. La guerra psicológica, intentando conformar una supuesta realidad inexistente, y el sabotaje a la economía del país, están servidas. Hace unos días el periódico ABC censuraba las declaraciones de un empresario Vasco que vive en Caracas y mostraba en imágenes que los supermercados de las clases más pudientes están repletos de alimentos. Es en aquellas zonas más humildes donde se está articulando, por parte de los empresarios, un desabastecimiento organizado y controlado para construir esa imagen de caos, y agotar así la paciencia de la gente.
Además de investigar estás prácticas que concluyen en el desabastecimiento, ¿qué otras medidas se están implementando por parte del Gobierno bolivariano?
Estamos creando unas estructuras nuevas que se llaman Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). Son organizaciones comunitarias y populares, integradas por los vecinos y vecinas, que junto al Ministerio de alimentación tienen por objetivo principal la distribución, casa por casa, de los productos alimenticios de primera necesidad. El fin último de los CLAP es proteger al pueblo a partir de un sistema de distribución justo que permita combatir los efectos de la guerra económica llevada a cabo por la oposición. No solamente asumen tareas de distribución de alimentos, sino que también velan por el adecuado uso de los recursos que el estado destina a la población, así como vigilar y denunciar la especulación, el acaparamiento y el contrabando, conformándose como una auténtica herramienta de poder popular.
Mundo Obrero Asturias