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El PCA en Gijón ante el X Congreso del PCA

RESOLUCIÓN
El PCA en Gijón ante el X Congreso del Partido Comunista de Asturias

Han pasado 7 años tras la repetición del VIII Congreso del PCA y han sido muchas las vicisitudes por las que ha atravesado nuestro Partido. La organización local de Gijón ha contribuido, entre otras muchas agrupaciones, a sacarlo del “congelador” , a darle vida y a avanzar hacia un proyecto de Partido en cuyo ADN estuviesen las señas de identidad que le son inherentes a un Partido revolucionario, marxista y de clase: por una parte, articular el análisis certero de la realidad política de nuestro presente con la identificación de la composición del sujeto político revolucionario y, por otra, cohesionar a la parte más consciente y activa de la sociedad organizada en los movimientos sociales en lucha contra los envites del capital.

La organización local de Gijón cree que el PCA de hoy poco tiene que ver con el de aquel entonces. A pesar de haber cometido no pocos errores de los que se ha hecho una firme autocrítica y de haber funcionado en ocasiones con excesivo voluntarismo, el PCA se ha ido afianzando a despecho de ninguneos, agresiones, boicots, usurpación de sedes y toda clase de dificultades. Tenemos claro que no ha sido ningún milagro, sino el resultado, en primer lugar, de la conciencia, la unidad y la cohesión del Partido y del acierto, en lo fundamental, de una dirección que con firmeza y cintura política supo sintetizar posiciones y sortear los más difíciles escollos, desde el no reconocimiento del nuevo PCA por sus antiguos dirigentes y su ilegítima exclusión de IU, hasta la capacidad para sobrellevar el proceso sancionador interno de 2011-­‐2012, saldado con su satisfactoria superación. Hasta estos momentos, en los cuales toca afrontar el X Congreso del PCA, la agrupación de Gijón quiere mostrar su apoyo a la gestión política de la actual dirección, que a través de los acuerdos tomados colectivamente ha sabido mantener la cohesión.

Igualmente ha logrado mantener el rumbo, no con pocas dificultades, abierto hacia el trabajo en los frentes de masas y el fortalecimiento interno del Partido a través de un crecimiento modesto pero cierto y real de nuevos militantes, y fruto, sobre todo, de ese continuado empeño por tener a la organización en la calle vinculada al conflicto social.

Los comunistas de Gijón sabemos de la importancia que reviste este proceso congresual, entre otras cuestiones, por la actual coyuntura impuesta por el capitalismo a cientos de miles de trabajadores en nuestra región. Entendemos que para lograr un Congreso que sirva de avance en el sentido que se expone debemos esforzarnos en superar tensiones, desconfianzas y cabildeos al margen de los órganos, generalizando en cambio la transparencia, la claridad de sus argumentos y propuestas y entendiendo que las discrepancias, que deben ser políticas y ofrecer alternativas, son legítimas y no están reñidas con el respeto y el afecto que debe darse entre camaradas.

Las críticas, igualmente legítimas, a las personas que ejercen responsabilidades deben darse en los espacios colectivos de debate de los que la organización se dota, donde siempre se pudieron dar, y ser argumentadas y objetivas. Otras actitudes de descalificación personal o juicios de intención son dañinas para el Partido y solo sirven para generar desánimo en una militancia que ha sido sometida a duras pruebas en estos últimos años de conflicto, y se encuentra explicablemente fatigada.

Por ello y fundamentándonos en el acuerdo básico muy generalizado, sobre los grandes ejes o líneas troncales que el PCA viene desarrollando desde su VIII Congreso en 2007, el PCA en Gijón aboga por hacer el máximo esfuerzo por preservar la cohesión y la unidad del PCE en Asturias, que nos ha permitido llegar hasta aquí, y hoy se hace aún más necesaria ante la perspectiva de una normalización de relaciones con IU, apostando por un resultado del X Congreso que respalde, desde la suma y no desde la resta, la continuidad de la política del PCA que entre todas y todos hemos venido construyendo.

Gijón, 15 de abril de 2014

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Resolución por el derecho al aborto, por el derecho a decidir. Partido Comunista de España

El Gobierno amenaza con la aprobación de una contrarreforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que atenta directamente contra los derechos de las mujeres. La maquinaria más reaccionaria se ha puesto en marcha para, una vez más, tratar de tutelar y controlar el cuerpo y las vidas de las mujeres.

 

En pleno siglo XXI es incuestionable que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, pues nadie podrá negar que la vida de las mujeres se ve afectada con la obligación de llevar a término un embarazo no deseado, más a más si este embarazo pudiese acarrear daños a la salud física o psíquica.

 

La voluntad de controlar y tutelar los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y, en general sus vidas, específicamente el derecho a decidir y el derecho universal a la salud, debe ser analizado desde el marco general de crisis económica y financiera, pero también de crisis política y democrática y que responde, claramente, a una ofensiva de corte neoliberal pero sin duda de corte patriarcal.

 

Abrir un resquicio a una contrarreforma que pueda hacer retroceder la ley de interrupción voluntaria del embarazo es abrir la puerta a consecuencias dramáticas para las mujeres, porque lo que está claro que los abortos se seguirán practicando y lo que está en juego es si existirá un marco que proteja la vida de las mujeres o si, por el contrario, aquellas que pueden viajarán a Londres y aquellas que no, se expondrán a situaciones de clandestinidad que suponen un riesgo real de muerte para las mujeres. Esta reforma es por tanto, también, una reforma clasista.

 

La existencia de un marco regulador que permita el ejercicio libre del derecho al aborto no significa la imposición del mismo, lo que significa es la creación de garantías de protección para que mujeres que tengan que hacer uso de él no pongan en riesgo su vida. Asimismo, señalar que los países que tienen menores tasas de aborto, se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro deun marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia.

 

En su resolución 11/5 de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que “El ejercicio de los derechos humanos no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa de la deuda”. Es un hecho que esta contrareforma, en el caso de llevarse a término, será una causa directa de la violación de los derechos humanos de las mujeres, enmarcada dentro de un escenario de recortes y empeoramiento de servicios públicos esenciales como el derecho a la salud.

 

Por todo ello, debe ser tarea de todas las comunistas y todos los comunistas, organizar una respuesta social clara y unitaria que frene este ataque a los derechos de las mujeres, así como la exigencia de:

El rechazo total a la modificación de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La despenalización total del aborto voluntario, debe ser un derecho. – Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes,

para tomas decisiones sobre sus vidas. – La práctica del IVE debe tener plena cobertura en la sanidad pública – La elaboración de un protocolo común para todo el sistema nacional de

salud, que asegura la prestación efectiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la red sanitaria pública.

 

 

 

Madrid a 26 de mayo de 2013

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Resolución del PCA en Mieres: ante el porvenir Emutsa

Ante el porvenir de Emutsa:

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo de 2011, el Interventor Municipal del Ayuntamiento de Mieres recibió el encargo de realizar un informe de la situación económica y financiera del consistorio a petición del candidato electo Aníbal Vázquez Fernández.

Según dicho informe, a fecha de 30 de junio del citado año, el déficit municipal ascendía a unos seis (6) millones de euros, en tanto el montante de las deudas se elevaba a unos trece (13), de los que casi diez (10) procedían de facturas cuyos plazos legales de pago ya habían vencido.

Ante una situación tan grave como suponía ello para una corporación cuyo presupuesto anual no supera los 39 millones de euros, el gobierno local decidió acogerse al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, más conocido como “Decreto de pago a proveedores“, aprobando a tal efecto, en fecha del 30 de marzo del año mencionado, el preceptivo Plan de Viabilidad.
En dicho Plan se incluían las primeras medidas de ahorro para la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa), cuyo déficit en el año 2012 sumó, a pesar suyo, unos novecientos mil (900 mil) euros, constituyendo de ese modo una de las más gravosas fuentes de endeudamiento para una hacienda local cuya asignación presupuestaria para tal servicio y año se redujo en aproximadamente un tercio, quedándose en tan solo unos seiscientos cuarenta mil (640 mil).

Entre las medidas de ajuste puestas en marcha, de conformidad con el Plan de Viabilidad a cuyo cumplimiento condicionó el estado su ayuda financiera, se incluyeron una reducción salarial de hasta el 21%, en el caso de los conductores de autobús; un incremento de las tarifas de entre un 11 y un 18%; y una reorganización de las líneas cubiertas por la compañía.

Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril, la subvención estatal para el mantenimiento del transporte urbano mierense pasó de ciento cuarenta y cinco mil (145 mil) euros a noventa y cinco mil (95 mil); y ello mientras se producía una disminución del número de viajeros superior en un 50% a la prevista en el Plan de Empresa (hasta un 25% en los últimos tres años, en lugar del 16% estimado).

La persistencia y agudización de una crisis económica que ha reducido las necesidades de desplazamiento de los habitantes del concejo por razones laborales, comerciales o lúdicas han determinado una caída de ingresos de una magnitud tal que ha hecho insuficientes los duros recortes antes expuestos; sometiendo a la sociedad, según declaraba el pasado marzo su presidenta y Concejala de Transportes, Olga Álvarez, al riesgo de incurrir en suspensión de pagos en tan solo unos meses; y aun desaparecer definitivamente para finales de este mismo año de no encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Se acogería para ello el Consistorio al artículo vigésimo sexto (26º) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la cual solo los municipios de más de cincuenta mil (50 mil) habitantes tendrían el deber de prestar el servicio de “transporte urbano colectivo de viajeros”, condición ésta en que Mieres dejó de estar desde finales de los años noventa, para no dejar de alejarse de ella hasta sus actuales cuarenta y dos mil (42 mil) vecinos censados.

Lejos quedan ya los setenta mil (70 mil) habitantes de principios de los años sesenta, como también los ciento diez (110) trabajadores que, en el año en que comenzó dicha década, llegaría a emplear Emutsa como máxima plantilla en toda su casi sexagenaria historia, tras tan solo cuatro años desde una fundación en que contó con treinta y nueve (39) empleados. Como bien lejos queda también la frenética actividad minero-siderúrgica cuyo declive, acompasado al de la población, y del que el devenir de la propia Empresa Municipal de Transportes es fiel reflejo, comenzaría precisamente por aquellos años.

Sometido el Ayuntamiento mierense, como consecuencia de su calamitosa situación económica, a las restricciones financieras y presupuestarias de un decreto que llega a establecer que “la operación de endeudamiento podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago”, las posibles actuaciones efectivas por parte de la corporación local en favor de la pervivencia de la compañía se ven fuertemente constreñidas.

Sin embargo, ni son tales actuaciones, por ello, inexistentes, ni cabría cesión, por causa suya, en el empeño de mantener un servicio municipal de transportes utilizado diariamente por miles de mierense y solo mediante el cual permanecen integrados los diversos núcleos poblaciones del municipio con su villa capitalina. Y, en particular, los más importantes de ellos, como son los enlazados por las tres líneas que acaparan el 90% de sus viajeros: las que tienen por destino las localidades de Turón; Ujo-Valdefarruco; y Nuevo Santullano-Entrerríos; conectando a las tales, en su recorrido, con equipamientos comerciales o sanitarios como será el nuevo Hospital de Mieres.

En tales circunstancias, y tomando como criterios de actuación el mantenimiento de un servicio de la máxima utilidad social explotado en régimen de titularidad pública, así como el máximo sostenimiento del empleo, desde la Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias defendemos, en primer lugar, la necesidad de servirse de cuantos medios técnicos ponga a disposición de sus asociados tanto el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) como las restantes asociaciones en que permanece Emutsa integrada (ASTRA, ATUC, FEMP), con objeto de evitar, en la medida de lo posible, el recurso a la consultoría privada; así como, la subordinación a los intereses de la compañía de la gestión de todos aquellos servicios que, entrando en su esfera de actividad, pudieran contribuir, en virtud de su eventual rentabilidad, a la supervivencia de la misma; y, en particular, el de la conexión entre Moreda de Aller y el nuevo Hospital de Mieres; la línea entre Oviedo y Pola de Lena; o la gestión de la estación municipal de autobuses de Mieres.

Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias.

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Sobre la subestación de Santa Marina: resolución del PCA en Mieres

Hace varias semanas, el Ayuntamiento de Mieres ordenaba a E.On la inmediata demolición de la subestación eléctrica construida en el barrio de Santa Marina. Parecía así culminar un largo proceso que comenzó en mayo de 2009, cuando el anterior gobierno local concedió una licencia de obra que, según el fallo del Juzgado de lo contencioso- administrativo número tres de Oviedo, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, vulneraba el plan parcial “Vasco-Mayacina” en el cual los terrenos en los que se ha construido el equipamiento eléctrico estaban considerados como un espacio de “uso público”, inicialmente reservado para el desarrollo de una zona de recreo. Además esta sentencia también reconoce que la subestación, según dicho plan, debió ubicarse en las inmediaciones del Pozo Barredo.santa marina

Desde que en otoño de 2010, comenzó la construcción de dicha subestación, muy cercana a varios colegios, un centro de salud y viviendas de trabajadores, los vecinos de Santa Marina, constituidos en una “Plataforma contra la subestación”, han llevado a cabo una lucha ejemplar en defensa de sus derechos. Esta lucha se concretó en distintas acciones, tanto en la calle, realizando  concentraciones y paralizando pacíficamente las obras cuando estas apenas habían dado comienzo, como en las administraciones, llevando al Pleno Municipal una petición de moción, presentada por Izquierda Unida y aprobada con el voto del resto de fuerzas a excepción del voto en contra del PSOE (por entonces en el gobierno), en la que se exigía la paralización de las obras; y también presentando un recurso contencioso-administrativo contra la Administración local por conceder la licencia de obra a la compañía eléctrica, desencadenante de la sentencia que ahora obliga al consistorio a asumir la tramitación del derribo.

Pese a todo, el grupo energético, guiándose durante el proceso por el principio de “hechos consumados”, no solo ha finalizado la construcción del equipamiento, sino que éste se encuentra operativo desde hace varios meses, vulnerando la sentencia judicial y sin haber recibido por parte del Ayuntamiento los pertinentes permisos de funcionamiento. Además, ha pretendido realizar un doble chantaje con la intención de conseguir mantener la subestación en su actual emplazamiento. Por un lado, a los propios vecinos, enviando cartas a los domicilios del nuevo barrio de la Mayacina en las que advertía de que la posible ejecución de la sentencia les impediría poder garantizar el suministro a la zona. Y por otro lado, al Ayuntamiento de la localidad, ya que la multinacional alemana, con más de dos mil millones de euros en beneficios en 2012, ha hecho llegar a los medios de comunicación su posible petición de una millonaria indemnización económica por los perjuicios causados en caso de que finalmente deba acatar la sentencia.

Desde del Partido Comunista de Asturias consideramos que el gobierno de Mieres debe demostrar firmeza con objeto de que se cumpla la sentencia que obliga a derribar la subestación y que, por consiguiente, ha de emprender las acciones oportunas contra E.On por mantener en funcionamiento la misma de forma ilegal. Del mismo modo, estimamos necesaria la realización de una investigación que aclare todas las cuestiones referidas a la tramitación de la licencia de obra para construir la subestación, que culmine con un proceso de depuración de responsabilidades dentro del propio Consistorio.

Por último, y sobre todo, queremos subrayar el esfuerzo de los vecinos de Santa Marina, que han dado muestra de cómo con organización efectiva se pueden combatir las injusticias reales, siendo así sus derechos y aspiraciones reconocidos.

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En apoyo a la minería

Desde la agrupación local del PCA en Laviana, vemos con preocupación la situación actual y de futuro inmediato de un sector con una gran importancia económica y social para las cuencas y Asturias.

Las decisiones, tanto del PSOE durante los últimos años en los que gobernó, como del actual gobierno, nos llevan a la desaparición de la minería en Asturias mucho antes del 2018 (como había decidido el anterior gobierno) y por tanto, a una parálisis económica y social, aun mayor, de las comarcas mineras.

Esta situación de incertidumbre no sólo va a afectar a los mineros sino que se verán inmersos en una crisis, de una manera u otra, todos los habitantes de las cuencas y de Asturias, especialmente los jóvenes, que con un 55% de paro, son quienes sufren con mayor rigor las políticas antisociales y de recortes de los últimos gobiernos de la nación.

Qué pretende este gobierno, ¿condenar a la miseria y al destierro a las cuencas? Pues con lo que se encontrarán será con la lucha organizada de la clase obrera asturiana.

El carbón es la única fuente energética autóctona de la que disponemos. Además, según un reciente estudio de la Agencia Internacional de Energía, se prevé un incremento en el uso del carbón para la generación de energía. Por lo tanto, el carbón se necesita y se necesitará y nosotros disponemos de importantísimas reservas del mineral. Sería un grave error abandonar nuestros yacimientos y pasar a depender de terceros países con los riesgos que eso conllevaría.

Cuando se habla de la rentabilidad se olvidan de cuestiones y datos que a nuestro entender son muy importantes, ¿son respetados los derechos medioambientales en los países productores? ¿y qué decir del respeto a los más elementales derechos de los trabajadores? Tanto en un caso como en el otro, son pisoteados, ninguneados y burlados por empresas, empresarios y gobiernos de turno. Es un carbón que está manchado de sangre, sangre de millares de trabajadores muertos en las entrañas de la tierra ante la falta de seguridad y de centenares de sindicalistas asesinados en la defensa de los derechos de los trabajadores, por los esbirros del capital.

Desde la agrupación del PCA de Laviana queremos manifestar nuestro total y rotundo rechazo a la desaparición de la minería en Asturias. También consideramos necesarias tomar algunas decisiones inmediatas con el propósito de despejar de incertidumbre y tensiones el futuro del sector. Para ello es necesario:

1º Abonar de forma inmediata las ayudas pendientes del año 2012 a todas las empresas e ir planificando las ayudas necesarias para la supervivencia del sector.

2º Concretar, como estaba previsto, garantizando su cumplimiento, el plan para el mantenimiento del sector como mínimo hasta el 2018.

3º Iniciar un proceso de nacionalización de las empresas mineras y eléctricas con el fin de garantizar la independencia energética del país.

Así pues, desde el PCA (Laviana) queremos mostrar nuestro respeto y solidaridad a la “familia minera”, animándoles en su justa y necesaria lucha, una lucha que como en anteriores épocas, fueron ellos quienes la libraron con mayor entusiasmo y valentía. Una lucha que ya no puede ser sólo de los mineros, sino que ha de trascender a toda la sociedad asturiana.

¡¡¡VIVA LA LUCHA MINERA!!!

¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!!

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Por la minería y el futuro de las cuencas mineras

Resolución de la Conferencia Política del Partido Comunista de Asturias

Los Presupuestos Generales del Estado dan un hachazo a los Fondos Mineros recortando dos de cada tres euros. En el ya largo proceso de reconversión de la actividad minera, los diferentes Gobiernos Autonómicos y Centrales de las dos últimas décadas pactaron y acordaron los diferentes capítulos de los Fondos Mineros. El Gobierno de Rajoy en los PGE de este 2.012 deja sin cobertura financiera dos tercios de lo ya acordado. Este recorte supondría el abandono total de la minería del carbón en España y, en lo que atañe a Asturias, la supresión brutal de un sector no por reducido hoy menos emblemático e imbricado en la realidad económica, social y cultural de esta región y no pocas de sus comarcas.

No es aceptable que un gobierno democrático deje de cumplir acuerdos alcanzados con anteriores gobiernos, que deje de cumplir acuerdos que alcanzaron vigor normativo de ley en el desarrollo plurianualizado de Fondos Europeos y en Presupuestos Estatales y Autonómicos.

Es inadmisible que un gobierno democrático  deje de financiar dotaciones e infraestructuras en las comarcas mineras, comprometidas y programadas como compensación a estas comarcas del cierre de actividad minera pactado y ya realizado. Ello supone incrementar el desplome económico que estas comarcas vienen padeciendo, potenciar su despoblación, seguir liquidando cualquier resquicio de futuro para las generaciones jóvenes y sembrar la incertidumbre social generalizada, incluido el segmento de trabajadores en situación de prejubilados.

Es intolerable, singularmente en este tiempo de crisis del sistema, que España renuncie al carbón como “Reserva Estratégica”.  España importa el 80% de la energía que consume, con el barril de petróleo al alza, con el dólar cada día más caro y en un escenario ya permanente de inestabilidad energética, productiva y financiera, no es prudente que se dilapiden los esfuerzos de las últimas décadas en investigación, en ingeniería, y en capacidad de retomar determinadas explotaciones en caso de necesidad.

 Cada día es más evidente que el Partido Popular dirige un Gobierno títere de los intereses capitalistas, un partido que fue capaz, además, de común acuerdo, con el PSOE, de modificar hasta la Constitución, para plegarse a las presiones de la Banca y del gran capital doméstico y extranjero y que hoy se aplica a recortar con una mano miles de millones de euros en derechos y servicios de todos y de juntar con la otra también miles de millones para inyectar suculentas ayudas a los Bancos, condenando cada vez a  más amplios sectores de la ciudadanía a la exclusión y la pobreza.

Los Sindicatos Mineros y las Comarcas están llevando a cabo un proceso de fuertes movilizaciones contra el bárbaro atropello y, el PCA, que alienta y respalda solidariamente este empeño, llama a sus militantes y a toda la ciudadanía a apoyar y participar en las justas movilizaciones en marcha, y en particular en la jornada de HUELGA GENERAL en las comarcas mineras convocada para el próximo día 18 de junio.

 

     

Oviedo 10 de  junio de 2012.

 

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El PCA ante las Elecciones Generales del 20-N

Ante las próximas elecciones generales que se celebrarán el día 20 de noviembre, el CC. del Partido Comunista de Asturias:

  1. Informa que no ha auspiciado ni promovido directa ni indirectamente candidatura alternativa alguna y que denominaciones de otras candidaturas, con las que, en pasados comicios (que eran autonómicos o municipales), se le reconocieron vínculos, en esta ocasión no concurren a las elecciones.

  2. Advierte que en la conformación de la candidatura de Izquierda Xunida, el Partido Comunista de Asturias continúa sin haber tenido participación alguna, dado que, al mantener I. Xunida su hostilidad contra el PCA, persiste la excepcional situación de conflicto, la exclusión de facto de centenares de militantes comunistas de I.X. y la comprensible polarización de éstos contra unos dirigentes caracterizados por sus prácticas de intransigencia y cerrazón.

  3. Dicho lo anterior, manifiesta que el PCA, al ser parte integrante del PCE, reconoce en Izquierda Unida su cauce electoral en el conjunto del Estado Español de acuerdo con lo reiterado por el XVIII Congreso del PCE. El PCA señala igualmente que, si alguna opción electoral recoge los rasgos fundamentales de la actual propuesta política del PCE, es la oferta programática federal de Izquierda Unida, que propone a Cayo Lara como candidato a la Presidencia del Gobierno y se fundamenta en un proyecto anticapitalista, republicano y federal.

  4. El PCA, que conoce y comprende también la situación de sus militantes y amigos y las reservas y objeciones de su estado de ánimo y su conciencia, quiere recordar que cualquier solución de fondo a los problemas actuales no pasa por un parcheo de la coyuntura ni por la adopción de medidas administrativas, sino por un diálogo político a medio-largo plazo presidido por una voluntad cierta de síntesis e integración. Para cualquier salida, en todo caso, debe contarse con el conjunto del PCA y tener presente que no sirven ni los enroques numantinos ni las huídas unilaterales hacia adelante.

  5. Por tanto, en lo que ahora mismo nos atañe, más allá de quien haya sido designado para encabezar la candidatura asturiana y de los métodos empleados en su conformación, en todo caso ajena a cualquier participación del Partido, el PCA recuerda que en estas elecciones generales, y por ende, de ámbito estatall los programas electorales son únicos para todo el Estado y los grupos parlamentarios que deriven de las elecciones también poseen ese alcance territorial, siendo, en ese sentido, Izquierda Unida la opción electoral del Partido Comunista para el Estado Español en su conjunto.

  6. En un tiempo de embestida brutal del Sistema Capitalista, sus oligarcas y sus representantes políticos, contra la clase trabajadora y las capas populares, no cabe esperar más que un retroceso enorme de las conquistas sociales y un drástico empeoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría. Ello reclama el incremento de la lucha de clases, la elevación de la conciencia social y la extensión de las movilizaciones y de la organización popular, para lo cual es condición indispensable el fortalecimiento del Partido Comunista, la continuación de su proceso de reconstrucción ideológica y organizativa, y de su capacidad real de orientar y organizar la resistencia y las luchas en las que será imprescindible sumar esfuerzos y confluir, manteniendo nuestra independencia organizativa y soberanía política, con cuantas fuerzas estén dispuestas a confrontar de alguna forma con el sistema. En ese empeño también será preciso contar con una representación parlamentaria capaz de denunciar en las Cortes las políticas antisociales, amplificando la rebeldía y la voz de las movilizaciones populares. Por tanto, se comprende la función del Partido de anteponer esas exigencias del presente a otras consideraciones, apostando por fortalecer ahora la representación de la izquierda que realmente tiene posibilidades de obtener representación y de seguir implicándose mañana, desde un atento seguimiento, en contribuir, con las aportaciones, las críticas y las alternativas en que la izquierda parlamentaria cumpla cabalmente su cometido de lucha en el frente institucional.

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El PCA contra las medidas antisociales

Más de 82.000 parados/as en Asturias, más de 4.200.000 en España. Los Gobiernos del PSOE, del PP, del Foro por Asturias, como fieles administradores de un sistema económico, el capitalismo, que sólo beneficia a quienes han provocado la crisis, banqueros, especuladores inmobiliarios y una clase empresarial que sólo mira por sus beneficios particulares y egoístas, arrastrando a millones de personas al paro, la exclusión y la miseria, sin que las administraciones intervengan para cambiar este estado de cosas. Las medidas que se toman, van en el sentido contrario, proteger a los ricos y hundir a los pobres, a los trabajadores/as, a los autónomos, a las mujeres y a nuestros jóvenes. EL Partido Comunista de Asturias ve con profunda preocupación los efectos de las medidas de ajuste del gobierno central del PSOE, con la complicidad del PP, y de Cascos en Asturias. Medidas como la reforma laboral, de la negociación colectiva, de las pensiones, los proyectados recortes en Protección Social (Desempleo, Dependencia, Salario Social) o en Sanidad y Educación, al borde ya de un privatización descarada.

En Asturias el tijeretazo del Gobierno de Foro detiene la inversión en infraestructuras, se carga la Televisión autonómica, congela la aplicación de la Ley de Dependencia, amenaza miles de empleos y pretende asfixiar a la Escuela Pública en provecho de la Concertada. La reforma de la Constitución pactada por PSOE Y PP, haciendo del límite del déficit, para beneficiar a los capitalistas, un principio constitucional, agrava aún más la situación, olvidándose de aplicar la mayoría de preceptos constitucionales como son el Derecho al Trabajo, a la Vivienda, a la Protección social y económica. Estos Políticos están propiciando un Golpe de Estado a la Democracia Representativa, que con reformas de este calado hacen peligrar el principio constitucional que nos define como Estado Social y de Derecho. Desde el PCA manifestamos nuestro rechazo a tales medidas porque debilitan y ponen en riesgo la protección social y el escaso Estado de Bienestar conquistado. Nos oponemos a limitar por mandato constitucional una inversión más grande en el gasto público para garantizar los derechos y prestaciones sociales. De seguir así las cosas, únicamente accederían a la educación, a la cultura y a la formación los más pudientes, como ocurría en el Siglo XIX. Ya se están aplicando fuertes recortes en prestaciones que afectarán a enfermos crónicos. Las últimas medidas laborales legalizan el fraude del encadenamiento de contratos, favoreciendo la temporalidad y la precariedad en el empleo. Y a partir del 2012 empieza a aplicarse la perniciosa reforma de las pensiones, que representa una bajada generalizada de las mismas y un brutal endurecimiento de las condiciones de acceso, así será prácticamente imposible que los jóvenes tengan acceso al sistema público de protección social, las mujeres tendrán más dificultades si cabe para acceder a una pensión mínima, y la gran mayoría no podrá llegar a cotizar los 38,5 años exigidos, viéndose obligados a trabajar hasta los 67 años.

El aumento a 25 años para el cálculo supondrá una bajada de las pensiones entre un 9% y un 12%. El PCA considera que la solución es intervenir desde lo público no para inyectar dinero que es de todos en la banca, sino para aumentar los impuestos a los ricos, controlar la economía, mantener e incrementar el empleo, atender las necesidades colectivas, ya que cuando el poder político democrático es sumiso y dependiente de los poderes económicos lo que viene es el totalitarismo y la barbarie. Por eso el Partido Comunista de Asturias apoya la manifestación de este Jueves 6 de Octubre bajo el lema de “El empleo y las personas, lo primero” y propone una amplia alianza y movilización contra todos los ataques de los que son víctimas los trabajadores/as y la ciudadanía en general.

NO A LOS RECORTES EN EDUCACION Y SANIDAD.

NO A LA REFORMA LABORAL.

NO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES.

SI A LA PROTECCIÓN SOCIAL.

SI A LA MOVILIZACION.

BASTA DE CHANTAJES. NO A LOS RECORTES SOCIALES

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