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La leyenda armonista de la Transición, de la salida consensuada a la dictadura y la plena reconciliación (¡por fin!) de las “dos Españas” ha sido parcialmente sacudida, en los últimos años, sobre todo por la acción de los llamados “movimientos de recuperación de la memoria histórica”, que han demostrado que la transformación política postfranquista estuvo plagada de silencios y omisiones y que fue, sobre todo, un cambio tutelado de sistema político con el fin de preservar las viejas estructuras sociales y de poder real. Uno de los mitos que rodea a ese proceso mutante de “cambiar todo para que todo siguiera igual” es el de su carácter pacífico, que añadiría una supuesta nota más de sensatez y “madurez democrática” a las fuerzas de la oposición y a los “reformistas” salidos del aparato franquista, que supieron ponerse de acuerdo evitando lo que hubiera podido ser una nueva “guerra civil” (¡otra más!) entre los españoles.

Este análisis simplista parte, sin duda, de supuestos no demostrados e incluso inverosímiles. En evidente que, a la altura de 1975 ó 1977, la guerra civil ni era posible ni era deseada por casi nadie (la “ruptura democrática” los excluía o quedaba muy lejos de estos escenarios), por lo cual esa hipótesis estaba, obviamente, descartada. Pero eso no significa que la Transición se hiciera sin violencia. El periodista Mariano Sánchez Soler publicó, en 2010, un libro con el significativo título de La transición sangrienta, que viene precisamente a cuestionar, en este aspecto, la imagen inmaculada del proyecto y la dinámica del período. En efecto, además de los centenares de víctimas provocadas por la sanguinaria escalada de ETA y de oscuros grupúsculos seguramente trufados por infiltraciones policiales como eran los GRAPO, solamente la acción de los aparatos represivos del Estado y los grupos de extrema derecha más o menos amparados por los mismos provocaron, según su recuento, entre noviembre de 1975 y diciembre de 1983, al menos 127 muertos y más de 1.000 heridos. Atentados de extrema derecha y violencias policiales varias (en las calles o en las comisarías y cuartelillos) se cebaron en obreros y estudiantes, militantes de la vanguardia organizada antifranquista y otros que fueron incorporándose en unos años sin duda más convulsos de lo que se suele reconocer.

El recuerdo de los abogados de Atocha asesinados el 24 de enero de 1977, hace ahora 25 años, vuelve a evocarnos esta verdad siempre incomoda para la versión oficial, por mucho que se maquillen el contexto y las responsabilidades. En aquella España, la calle, desde luego, era –y seguiría siendo- sobre todo de Fraga, Martín Villa o sus sucesores; pero en ella se manifestaban jugándose la vida los luchadores antifranquistas, y por ella campaban por sus respetos los Guerrilleros de Cristo Rey, los grupos de Fuerza Nueva y otros núcleos de extrema derecha más o menos incrustados en el aparato sindical verticalista, los cuerpos policiales y otras instituciones del Estado.

La matanza de Atocha debe entenderse en este contexto, en el que el gobierno de Suárez ejercía una “coerción controlada” contra la movilización política y social intensa que caracteriza el período que va desde la muerte del Dictador (noviembre de 1975) a las elecciones de junio de 1977. En enero de 1977, tras el referéndum que aprobó la Ley de Reforma Política y por tanto vino a reforzar a los “reformistas” del régimen anterior, los sectores ultras desencadenaron una fuerte ofensiva con el intento de retomar la iniciativa. Ofensiva que condujo al asesinato de dos estudiantes (Arturo Ruiz y María Luz Nájera) en manifestaciones por la amnistía, y al secuestro por el GRAPO, que ya tenía en su poder desde diciembre al Presidente del Consejo de Estado Antonio María Oriol, de un alto cargo militar (Villaescusa). La culminación de esta escalada de la tensión fue la matanza perpetrada por un grupo de pistoleros de la trama falangista-verticalista-mafiosa en el despacho de abogados laboralistas del número 55 de la madrileña calle de Atocha.

Elegir como blanco a los abogados tenía, sin duda, un alto valor práctico y simbólico. Significaba, entre otras cosas, golpear al Partido Comunista, principal (aunque no único) impulsor de las actividades de un sector profesional que había ido adquiriendo un importante protagonismo en la lucha contra la dictadura y por los derechos de los trabajadores. Los abogados antifranquistas, comunistas en su gran mayoría, no sólo representaban legalmente a los procesados políticos, sino que amparaban y apoyaban a las Comisiones obreras clandestinas, defendían a los trabajadores despedidos, asesoraban a asociaciones de vecinos, prestaban locales para reuniones y a la vez desarrollaban una intensa actividad en los Colegios profesionales y otros foros en defensa de los derechos y las libertades políticas y sociales y contra las leyes represivas de la Dictadura. Todo ello, a menudo, con unos niveles de compromiso y de desinterés personal realmente encomiables. En algunos despachos, todos los trabajadores, desde los abogados hasta quienes se encargaban de la limpieza, recibían el mismo sueldo, y no se cobraba a los trabajadores más que cuando se ganaba un juicio y la empresa tenían que asumir los costes.

En la acción criminal de Atocha pedieron la vida tres abogados en ejercicio y un estudiante de Derecho (Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira y Serafín Holgado) y un administrativo (Ángel Rodríguez Leal), y fueron heridos de cierta gravedad otros cuatro abogados: Alejandro Ruiz Huerta, Miguel Saravia, Luis Ramos Prado y María Dolores González Ruiz. Se da la circunstancia especialmente trágica de que esta última, compañera de uno de los asesinados, lo había sido antes de otra víctima de la vesania del Franquismo, Enrique Ruano, un estudiante arrojado, pocos años antes, por la ventana de un séptimo piso cuando se encontraba bajo detención policial.

Es bien conocido que el entierro de los abogados se convirtió en una manifestación popular masiva. Madrid se llenó de una verdadera multitud doliente, con los féretros flanqueados a su paso por decenas de miles de personas con los puños en alto y las lágrimas apenas contenidas por la rabia y la indignación. Quienes vivimos aquellos años sabemos que las protestas se extendieron, aunque en menor medida, a otros lugares del país, y recordamos bien aquellos momentos de angustia y de dolor, de ese sentimiento de impotencia que, sin embargo, no nos inmovilizaba, sino que nos alentaba a seguir adelante.

Se ha dicho que, con esta actitud serena y “madura”, el partido Comunista se “ganó” su legalización, como si el haber puesto sobre el tablero la mayoría de las decenas de miles de muertos, presos y torturados durante cuarenta años de lucha ininterrumpida no acreditaran suficientemente este “derecho”. Lo cierto es que la legalización era, realmente, la única opción posible, para “homologar” el sistema español con los de nuestro inmediato entorno europeo, y además constituía la única solución inteligente para neutralizar los efectos desestabilizadores que un PC en la ilegalidad (con la pujanza que entonces tenía) hubiera supuesto. Las encuestas y datos que Suárez manejaba por entonces convencieron además, a quienes llevaban las riendas del proceso, de que los resultados electorales del PCE no se iban a parecer demasiado a los del Partido Comunista Italiano. Que los sectores ultras –condenados por la historia- y otros conspicuos “reformadores” del Franquismo como Manuel Fraga –al que su pasado represor condicionaba demasiado- no lo vieran así revela su miopía política, pero no indica que las cosas, a corto o medio plazo, hubieran podido ser sensiblemente diferentes.