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La lucha de la minería: una valoración política.

Aún no hace una semana que la minería ponía fin a una enconada y larga huelga que perduró durante más de dos meses. Pero no se trataba solamente de una huelga. La intransigencia prepotente del gobierno provocó una cascada de actuaciones, primero de los trabajadores del sector y luego del conjunto de la población afectada, que revistió las más diversas formas de protesta y de confrontación frente a una represión, calculada y con frecuencia brutal, que fue realmente la única respuesta obtenida, destinada a atemorizar y disuadir.

El conjunto de Asturias y las zonas mineras de León vivieron dos meses de continuada anormalidad y convulsión social: Acampadas, encierros, concentraciones, marchas, huelga general en las comarcas mineras, continuos cortes de carreteras y de ferrocarril, manifestaciones multitudinarias, cajas de resistencia, enfrentamientos durísimos, detenciones, actos de solidaridad, apoyos institucionales y una repercusión desconocida desde hace muchos años en la prensa extranjera.

Hoy, después de tanta y tan tenaz lucha, de tanta entrega y de tanta y tan resuelta voluntad de victoria, con los mineros de vuelta a su trabajo en los pozos, es menester pararse y preguntarse ¿ha servido para algo?

En efecto, es evidente que a día de hoy no se ha alcanzado ni siquiera parcialmente el objetivo de las movilizaciones. Un objetivo, por lo demás, no sólo justo y debido en Derecho, sino perfectamente viable por su moderado monto económico y, por ende, asumible incluso en el marco desaforadamente restrictivo de las políticas del Gobierno. Lo que sucede es que, precisamente, es ese Gobierno el que quiere escenificar, como aviso a navegantes, un rigor tan extremado que es capaz de llevarle incluso al cínico incumplimiento de compromisos gubernamentales previamente adquiridos y con fuerza de ley. O sea un Gobierno interesado en dejar el siguiente mensaje: “De nada han de valer protestas ni movilizaciones contra nuestras políticas de recortes sociales, de fiscalidad regresiva, de agresión al empleo, a los salarios y a los derechos laborales, de represión calculada y de amparo a los bancos y grandes empresarios. Si incluso estamos dispuestos a incumplir compromisos contraídos, y además viables, frente a un sector con fama de ser el más combativo de los trabajadores, imaginad los demás cómo seremos capaces de actuar con otras reivindicaciones. Es inútil moverse. La crisis debe pagarla la mayoría de los españoles y resignarse a ello”

Pues bien, justamente porque las cosas han sido así, la conclusión es que las movilizaciones sobrevenidas al calor del conflicto minero, más allá de sus reivindicaciones concretas, lejos de haber cosechado un fracaso, han supuesto el éxito más importante de las luchas obreras y populares en el Estado Español, al menos desde el 14-D de 1988.

Es cierto que ha habido comportamientos poco adecuados que es necesario mejorar y corregir, especialmente los que comprometieron y lesionaron la unidad sindical en varias ocasiones por la actuación unilateral de algunos dirigentes. Seguramente es necesario apuntalar un modelo de unidad sindical menos cupular y más asentado en las bases, mirando al porvenir y obviando el poso de antiguos desencuentros. Pero no corresponde poner el acento en los aspectos negativos como no sea para aprender y mejorar, desde la generosidad y la necesidad histórica de unidad de acción. En este momento de agresión antisindical desde el Gobierno de la derecha, lo que toca es acentuar lo positivo, porque lo hay.

Desde luego, hacer una valoración política del conflicto minero, sus luchas y sus repercusiones, utilizando como único criterio el logro actual o no de sus reivindicaciones concretas, sería de una miopía más que preocupante. Porque se ha puesto fin a una larga huelga, con sus actuaciones conexas, en un mes de agosto en el que el potencial interlocutor está casi desaparecido, la sensibilidad social relajada y los protagonistas de la movilización necesitados de recuperar aliento, pero la voluntad que han dejado patente las direcciones sindicales y que se ha manifestado en las asambleas no es otra que retomar la lucha, una vez concluido el verano. Pero, sobre todo, porque una valoración que trascienda los planos laboral y económico, nos lleva a constatar una serie de aspectos sociales, políticos e incluso ideológicos, cuya evidencia sería muy difícil negar y que apuntan con claridad a un antes y un después del conflicto minero no sólo en las Cuencas y en Asturias, sino en toda España.

En efecto, hasta ahora venía siendo inusual que al movilización de un sector obrero – y en este caso estamos hablando de uno muy menguado numéricamente en sus efectivos -desencadenase una solidaridad popular en su territorio, tan abrumadora como la que se ha dado con la lucha de la minería. Las concentraciones repetidas y periódicas ante los pozos con encerrados, la gran concentración ante el Ayuntamiento de Mieres, el seguimiento al 100% de la Huelga General en las comarcas mineras y la imponente manifestación de masas con que concluyó en Langreo, la despedida y acompañamiento de la Marcha Negra hacia Madrid, la respuesta cívica frente a la represión policial, incluyendo en ocasiones pueblos enteros (Ciñera, Pola de Lena), la creación de comités y plataformas de solidaridad o el pronunciamiento institucional de Ayuntamientos (incluidos a veces concejales del Partido Popular) permiten referirse a un ascenso espectacular de la conciencia social, a una pérdida creciente del miedo al enfrentamiento y a un incremento de la autoestima de la población, entre la que gana adeptos la idea de que sí se pueden cambiar las políticas y hacerlo desde la participación de todos como protagonistas.

Fue palpable a todas luces la aceptación creciente del conflicto y de sus métodos de lucha por la mayoría de la sociedad. La gente fue acostumbrándose a aceptar los inconvenientes y molestias que conllevan los cortes de carretera y de vías férreas y a asumir sus razones. Así, la huelga minera y sus movilizaciones servían para lograr una mayor legitimación social de la huelga y sus actuaciones conexas como formas de lucha con potencialidad para extenderse y generalizarse al conjunto social en próximos enfrentamientos contra la voracidad de los dueños del capital y las prácticas dogmáticas de sus gestores políticos.

En lo que atañe al resto del Estado, hay que señalar el rastro de solidaridad que la Marcha Negra fue dejando allá por donde transitaba, el emotivo recibimiento en Madrid la noche del 10 de julio y la incalculable marea humana que de forma entusiasta acompañó a la Marcha desde Moncloa a Sol. Sólo la descomunal manifestación celebrada el día 11 pudo rivalizar en multitud y vehemencia con la movilización de la víspera.

Algo sucedió aquellos días. Y no parece haber sido ningún fuego de artificio, sino algo que se multiplicaba exponencialmente desde la efervescencia de los foros sociales y como clamor de indignación frente a la barbarie represiva y, así, el día 19 de julio fueron millones de personas los que abarrotaron 80 ciudades en el conjunto del país.

No se pretende desde este análisis que el conflicto minero haya sido “la causa” de la creciente contestación social pero es igualmente innegable que, en su desarrollo, se convirtió en vanguardia y ejemplo para el movimiento obrero, en catalizador de la determinación sindical y en revulsivo de las conciencias de amplios sectores de la ciudadanía. Lo que pudo apreciarse en la gran jornada de manifestaciones del 19 de julio, ya perceptible en la masiva acogida a la Marcha minera la noche madrileña del día 10, va mucho más allá de la respuesta a una convocatoria de sindicatos o de fuerzas políticas de izquierda, que sin duda lo es, pero es también la respuesta cívica espontáneamente querida, sentida individualmente como necesaria, de un pueblo que ha ido creciendo en conciencia y parece haber dado un salto cualitativo en su exteriorización.

Tal parece que la agresión continuada y desmedida de los dueños del capital y sus gestores del Gobierno contra la mayoría social, unida a la constatación de que sí es posible tomar la calle, esté propiciando cambios muy significativos en el sentido de una inversión de la hegemonía ideológica actualmente existente, en su contrario.

Es evidente que la proyección de la indignación que hace poco más de un año recaía, a su manera, en el movimiento 15M, hoy se vincula al movimiento obrero, como núcleo central de contestación ciudadana a las políticas neoliberales del capitalismo y sus gobiernos. Se abre el camino para exigir la convocatoria de un referendum que caucione o no unas políticas que nada tienen que ver con el programa electoral del partido gobernante y que, por tanto, constituyen una auténtica estafa, carente ahora mismo de cualquier legitimación democrática. Se abre el camino hacia una Huelga General con un nuevo carácter de gran jornada cívica y plebiscitaria contra el Gobierno estafador.

Comienzan a apuntarse las condiciones para la viabilidad de lo que desde el Partido denominamos la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista para la construcción de un bloque social alternativo capaz de enfrentar el modelo socioeconómico español y el régimen político de monarquía bipartidista que le da cobijo.

Pues bien en la aceleración de todo ese proceso, cuyo inmenso caldo de cultivo es en primer lugar el conjunto de la clase trabajadora, pero también el conjunto de la mayoría social agredida, es innegable que las grandes movilizaciones de la minería han puesto una semilla poderosa y eficaz. Esa es su gran victoria. Su victoria incontestable.

El Partido Comunista de Asturias, fuertemente implicado desde el primer momento en todos los planos y actuaciones de la lucha de la minería, al igual que en el conjunto de las movilizaciones contra los recortes y por una salida social y democrática a la crisis redoblará sus esfuerzos en los próximos meses para contribuir a que la luz que desde Asturias volvieron a encender los trabajadores de la mina no se extinga y sirva para iluminar no sólo la consecución de sus justas reivindicaciones, sino el camino de lucha de toda la clase trabajadora y de la gran mayoría social de este país.

Oviedo, agosto 2012

Comisión Permanente del PCA