Solidaridad con los mineros de la Vasco Leonesa
Después de dieciséis días de encierro y ante la falta de soluciones del Gobierno a su conflicto, los 4 mineros de la Vasco Leonesa han dado un paso más con el que pretenden llegar “hasta el final y con todas las consecuencias”: han iniciado una huelga de hambre “hasta que aguanten”.
Elías Ortega, Sócrates Fernández, Álvaro Cuesta y Daniel Garguño permanecen encerrados a 200 metros de profundidad en la planta 975 del pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón. Un encierro que iniciaron el pasado lunes 13 de junio a la espera de que el Ministerio de Industria convocase las ayudas que permitan un cierre ordenado de esta explotación, un pozo condenado a cerrar definitivamente el próximo 31 de julio, con la consecuente extinción de los contratos de los 200 trabajadores de interior, si el Ministerio de Industria no da luz verde a las ayudas aprobadas desde la Comisión Europea.
Un encierro con carácter indefinido, ante la negativa del Gobierno a convocar las ayudas, visto como “el último cartucho ante una crisis sin retorno”. Negativa que dejaría a la totalidad de la plantilla en la calle a partir del 1 de agosto, a pesar de que la administración concursal preveía la contratación de un centenar de trabajadores durante 36 meses, prorrogable en 18, para llevar a cabo las labores de “cierre ordenado” que reclama la plantilla.
El comité de empresa recuerda el caso de nuestra mina La Camocha, que llevó al Gobierno a modificar el real decreto a pesar de que no optaba a las ayudas. Un Consejo de Ministros podría dar luz verde a estas ayudas, es una cuestión de voluntad política, que mantendría al menos una parte de los 250 empleos que se van a perder con el cierre definitivo de la mina. Dado que el Gobierno está en funciones, los trabajadores reclaman medidas excepcionales que permitan la llegada de esa partida.
Para el Partido Comunista de Asturias, es inasumible que se cierren minas locales, cuando cada vez se gasta más carbón por parte de las térmicas. Pero el caso es que se consume menos carbón nacional de lo que se consumía, y ello porque se sustituye por un carbón de importación más barato, que lo es a costa de ser extraído en condiciones de semi-esclavitud en países que no respetan los más mínimos derechos laborales, medioambientales, ni la vida misma de los trabajadores, sean hombres, mujeres e incluso niños, a los que no dudan en sacrificar en los altares de sus tasas de beneficio y de la sacrosanta competitividad.
Que unos trabajadores se tengan que encerrar, poniendo en serio riego sus vidas, para cerrar “bien” sus puestos de trabajo es lo más vergonzoso de todo en esta espiral de despropósito capitalista.
Por ello, desde el PCA, queremos transmitir:
• todo nuestro apoyo a los mineros encerrados, a sus familias y al resto de trabajadores del pozo Aurelio;
• la exigencia de una solución urgente que garantice el empleo al menos durante las labores de cierre de las instalaciones y que permita que los 4 compañeros puedan salir cuanto antes del encierro;
• la exigencia al Instituto del Carbón para que acuerde dotar con los fondos necesarios las labores de clausura de las unidades de producción de interior de La Vasco;
• hacemos responsables a las administraciones nacional y autonómica del deterioro de la salud de los compañeros encerrados en una mina cuya peligrosidad ya quedó patente con el fatal accidente que se llevó la vida de seis compañeros y ahora el empleo de más de 500 trabajadores, así como de la ruina económica de toda la comarca.
Del mismo modo, exigimos para el conjunto del sector de la minería, de sus comarcas y de las miles de familias de la clase trabajadora que de ella dependen en nuestro país:
• el cumplimiento del acuerdo marco 2013-2018;
• la auditoría de los fondos mineros y depuración de responsabilidades, lleguen a donde lleguen;
• la prohibición (o una fuerte carga impositiva en tanto la prohibición no sea legalmente posible) de la importación de carbón, especialmente del carbón “manchado de sangre”;
• la nacionalización de las minas privadas, así como del sector energético;
• la puesta en marcha de un plan de inversión pública para la reindustrialización y diversificación de las comarcas mineras a ejecutar a partir de 2017;
• un plan de inversión en I+D+i que permita un consumo limpio del carbón y pueda asegurar el futuro de este sector estratégico más allá de 2018.
