Sanchis

Jaque a la libertad

“Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Más o menos, y aprovechando el refranero español, así podría explicarse la situación de la libertad de expresión en España. De poco sirve que el artículo 20 de la sacrosanta Constitución de 1978 establezca este derecho fundamental cuando entre todos la han matado: se ha legislado para limitarla al gusto, se ha enjuiciado de una manera intransigente –aplicando leyes manoseadas por jueces inquisitoriales-, y se han llevado a cabo políticas del miedo. Y se sigue haciendo. Pero no es sólo cosa del Estado, pues los medios de comunicación desempeñan un papel vital: tertulias de bufones, panfletos periodísticos, telediarios que hacen de todo salvo informar.

Con el carnaval, la fiesta esperpéntica por antonomasia, de fondo hemos asistido a uno de los episodios más esperpénticos de los últimos tiempos. Dos titiriteros representan una obra en la que se critican los montajes policiales y acaban siendo encarcelados durante cinco días, quedando a la espera de ser juzgados por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro por atentar contra los derechos fundamentales. No es que la ficción haya superado a la realidad, es que la primera ha moldeado la segunda al gusto: un elemento de atrezzo de una obra -porque el famoso cartel que reza “Gora AlkaETA” es eso y no otra cosa- es interpretado por un juez de la Audiencia Nacional como un ensalzamiento de Al-Qaeda y de ETA, y dos inocentes son objeto de una prisión provisional reservada –en teoría- a terroristas.

Es inaceptable, además, que todo este episodio se desarrollase con un ayuntamiento del cambio por medio que ha querido interpretar los papeles de contratante ofendido, parte acusadora y garante de la libertad de expresión, todo a un tiempo. Que la derecha busque cualquier motivo para arremeter contra Ahora Madrid como parte de su estrategia no puede conllevar que nuestra táctica defensiva consista en descargar responsabilidades sobre las dos personas que, paradójicamente, movían los hilos.

Pero la lista de comparecientes ante la Audiencia Nacional es larga y no deja de crecer: recientemente, una joven ha sido condenada a dos años de prisión por unos tuits que han derivado en un delito de enaltecimiento del terrorismo; César Strawberry, el líder del grupo Def Con Dos, y el rapero Aitor Cuervo, entre otros, también aguardan su turno.

Las leyes antiterroristas en España han ido surgiendo al calor de duras etapas de la actuación de ETA, y han sido bendecidas por diferentes pactos entre, fundamentalmente, PP y PSOE. Pero ocurre que las leyes penales creadas en momentos de excepción acaban siendo un instrumento represivo ordinario; y se alejan de lo que, en teoría, es su cometido inicial para pasar a aplicarse a todo tipo de conductas. Con un falso pretexto en torno a la tolerancia cero frente al terrorismo, no hacen más que sucederse actuaciones judiciales desproporcionadas que, en el fondo, no hacen sino atacar la libertad de expresión.

¿Quién le iba a decir a los etarras que en 2016 su organización estaría conformada por cantantes, humoristas, titiriteros, periodistas y tuiteros? La situación sería hilarante de no ser porque detrás de cada proceso penal hay simples ciudadanos que pretenden expresar su opinión, desempeñar un oficio o hacer algún chascarrillo; por acertados, desagradables, graciosos o incómodos que resulten. Y es que no deja de ser llamativo que en 2011 –año en que ETA deja las armas- se emitiesen cinco sentencias sobre procesos por enaltecimiento del terrorismo; y en 2015 esa cifra se quintuplicase hasta alcanzar las veinticinco. Dicha situación ni es lógica ni explicable, salvo si se introduce como consideración válida que la cuestión terrorista en este país es un argumento provechoso desde el punto de vista político, como bien ha señalado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Así las cosas, no es extraño que tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional, entre otras, ya señalen reiteradamente a España como un país en el que la libertad de expresión, entre otros derechos y libertades, está seriamente amenazada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no ha vuelto a avergonzarnos por nuestras prácticas legislativas y judiciales, pero probablemente sea cuestión de tiempo.

Por cierto, ¿qué dirían los padres fundadores del liberalismo, corriente a la que se adscriben con gusto nuestros gobernantes, tan acérrimo defensor de la libertad de expresión absoluta? Por el momento, y a la espera de respuesta, podemos afirmar que por aquí ya nadie es Charlie.

Alejandro Alonso Sanchis

Estudiante de derecho y joven militante del PCA en Oviedo