EL PCA DENUNCIA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PLANTEADA POR EL GOBIERNO DEL PP POR INCONSTITUCIONAL, CENTRALISTA Y PRIVATIZADORA

El PCA, ante la aprobación hoy por el Consejo de Ministros del Gobierno de la Reforma de la Administración Local, que supone un verdadero cambio de modelo desde la aprobación de la Constitución de 1978, desea comunicar a la opinión pública asturiana:

Se trata de una reforma que se hace desde un prisma exclusivamente economicista, partiendo de apriorismos ideológicos sin sentido: los servicios públicos no han de tener superávit per se. Se trata en la mayoría de los casos de servicios públicos básicos, imprescindibles para la mayoría social, sobre todo para las clases sociales más necesitadas, las de los trabajadores y trabajadoras. Una vez más, la excusa de la crisis deviene en estafa de grandes dimensiones, convirtiendo la supuesta salida de aquella en un enorme retroceso social, con recortes de derechos, prestaciones y servicios públicos de primera necesidad.

El establecimiento de un coste estándar desde el Gobierno Central para el conjunto de los municipios sin tener en cuenta la disparidad de los mismos (cuestiones demográficas, geográficas u orográficas, etc. ) es una barbaridad carente de un mínimo de racionalidad. Pero es que, además, provoca un atentado frontal contra la autonomía municipal constitucionalmente reconocida. La reciente reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada por PP y PSOE con tanta celeridad como opacidad, que prioriza el pago de la deuda frente a la prestación de servicios públicos, empieza a tener en la Reforma de la Administración Local su aplicación práctica.

Pero, además, es una reforma profundamente injusta, porque carga contra la Administración Local, la más próxima a la ciudadanía, que ha sufrido la falta de una financiación adecuada y sostenible, y que es la responsable sólo del 3% de la deuda pública española, pese a esa histórica falta de descentralización de los ingresos fiscales. Y, además, cabe recordar que sólo el Ayuntamiento de Madrid, gobernado desde el PP en los últimos años,  es causante del 21% del total de esa deuda municipal. Otro tanto cabría decir del volumen de deuda de los 78 municipios asturianos, con ejemplos sangrantes como el del Ayuntamiento de Oviedo, largamente gobernado por el propio actual Delegado del Gobierno, el popular y populista Gabino de Lorenzo. Una vez más, pagarán justos por pecadores, sin mayores y necesarias distinciones.  El PCA considera que no hubiese estado de más una auditoría a fondo de la deuda de determinados municipios antes de extender la reforma a todos los concejos, independientemente del volumen relativo de su endeudamiento.

La falacia del coste estándar supondrá, además un duro golpe a pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de economía social (cooperativas, etc.) que están prestando servicios a municipios al plantear supuestas economías de escala que derivarán en privatizaciones a favor de grandes corporaciones.

El planteamiento de limitar las retribuciones de los empleados públicos en el ámbito local, ya castigados en su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, persiste en profundizar en las erráticas políticas de austeridad ordenadas por la Troika y cuyos efectos depresivos sobre el consumo y el conjunto de la economía son ya sobradamente conocidos.

Por último, cabría señalar que la reforma, de carácter recentralizador, aleja los centros de poder político de la ciudadanía, convirtiéndose desde el punto de vista de la participación democrática en una verdadera contrarreforma, que dificultará hasta extremos todavía difíciles de prever, cualquier atisbo de participación ciudadana en el ámbito municipal.

El PCA llama, por tanto, a los asturianos y asturianas conscientes a movilizarse permanentemente en defensa de los servicios públicos y a apoyar cualquier iniciativa que, desde los ámbitos políticos, sindicales y/o sociales vaya en sentido de intentar frenar este nuevo ataque a los derechos de la mayoría social por parte del gobierno del PP, rehén de las políticas neoliberales emanadas desde la Troika.

 

En Oviedo, a 26 de mayo de 2013